El Gobierno nacional atraviesa horas de fuerte tensión política tras la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. Si bien el proyecto fue aprobado en general durante la madrugada del miércoles, el oficialismo sufrió un golpe clave al no lograr la derogación de dos leyes que considera incompatibles con el equilibrio fiscal: el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad, incluidas en el rechazado capítulo 11.
En la Casa Rosada admiten malestar y enojo. Según el diagnóstico del Ejecutivo, el texto que pasó al Senado, tal como quedó, implicaría un presupuesto deficitario, algo que el presidente Javier Milei y su equipo económico aseguran no estar dispuestos a convalidar. Por ese motivo, no descartan incluso vetar la ley si no se introducen modificaciones sustanciales en la Cámara alta.
Durante la mañana posterior a la votación, desde Balcarce 50 dejaron trascender que “no se va a negociar el equilibrio fiscal” y que el Gobierno podría recurrir al veto presidencial si el Congreso insiste en sostener los gastos derivados de ambas leyes. Sin embargo, con el correr de las horas, el discurso oficial se moderó parcialmente y dio paso a una estrategia política más amplia.
Ese mismo miércoles, la mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada con la participación de Patricia Bullrich, Luis Caputo, Diego Santilli, Manuel Adorni, Santiago Caputo e Ignacio Devitt, con el objetivo de redefinir la hoja de ruta legislativa. Allí se resolvió priorizar el Presupuesto 2026 por sobre la reforma laboral, que quedará postergada para las sesiones extraordinarias de febrero, pese a haber obtenido dictamen en el Senado.
La estrategia oficial apunta ahora a negociar con los gobernadores para reintroducir en el Senado el capítulo 11 y devolver el proyecto a Diputados con las correcciones que el Ejecutivo considera indispensables. La intención es tratar el Presupuesto el 26 de diciembre en la Cámara alta y que vuelva al recinto de Diputados el 29, antes de fin de año.
En el oficialismo reconocen que la exclusión de las leyes de universidades y discapacidad fue impulsada por diputados de distintos bloques, incluidos aliados circunstanciales, para quienes esos temas resultan especialmente sensibles. Aun así, en el Gobierno sostienen que dichas normas imponen compromisos de gasto que no pueden ser afrontados sin poner en riesgo el superávit fiscal.
Pese al clima de tensión, cerca del Presidente intentaron destacar el costado positivo de la jornada parlamentaria. Subrayaron que, después de tres años, la Argentina está más cerca de contar con un Presupuesto aprobado y remarcaron la media sanción de la ley de Inocencia Fiscal, a la que calificaron como “la más importante de toda la gestión”.
En paralelo, continúan las negociaciones con los gobernadores, especialmente con aquellos que acompañaron al oficialismo en la votación general pero se desmarcaron en artículos clave. Desde el Ejecutivo aseguran que el diálogo sigue abierto y que confían en reunir los votos necesarios para corregir el texto en el Senado.
El escenario sigue abierto y cargado de incertidumbre: entre la amenaza de veto, las negociaciones contrarreloj y un Congreso fragmentado, el Presupuesto 2026 se convirtió en el principal campo de disputa política del cierre del año.