La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió más de 238 mil dólares incautados al empresario Lázaro Báez, en el marco del avance del decomiso de bienes dispuesto en la causa conocida como la Ruta del dinero K. A ese monto se sumaron poco más de cuatro millones de pesos obtenidos por la subasta de dos aeronaves que formaban parte del patrimonio embargado.
La transferencia fue realizada por el Tribunal Oral Federal N°4, presidido por el juez Néstor Costabel, luego de que se ordenara ejecutar el decomiso hasta alcanzar una cifra superior a los 60 millones de dólares, tal como lo establece la condena firme contra el empresario ligado a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
A comienzos de diciembre, el máximo tribunal puso en marcha el operativo para que los bienes y fondos decomisados regresen al Estado. En ese marco, se dispuso que los activos incautados queden inscriptos a nombre de la Corte Suprema, en cumplimiento de lo previsto por el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación.
La sentencia dictada en abril de 2021 por el TOF 4 fijó el decomiso de aproximadamente 61,13 millones de dólares, discriminados en distintas partidas en moneda extranjera, además de más de cuatro millones de pesos actualizados por inflación. Ese fallo fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal en febrero de 2023 y quedó definitivamente firme en mayo de 2025, cuando la Corte rechazó los recursos presentados por las defensas.
El proceso de recuperación de activos no estuvo exento de controversias. Este año, el Gobierno nacional impulsó el Decreto 575/2025, que creó un Consejo de Bienes Recuperados bajo la órbita del Ministerio de Justicia, lo que generó tensiones con el Poder Judicial. La Corte había sostenido que la administración de los bienes decomisados corresponde a los jueces penales, para preservar la independencia judicial.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación presentó una demanda contra ese decreto y, en octubre, el juez federal Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que frenó su aplicación, al considerar que vulneraba la autonomía de la Corte Suprema y su autarquía presupuestaria.
La causa conocida como Ruta del dinero K determinó la existencia de una estructura dedicada al lavado de activos entre 2010 y 2013, a partir del manejo de fondos de la empresa Austral Construcciones. Según la Justicia, el entramado permitió expatriar y luego reingresar al país más de 54 millones de dólares mediante operaciones financieras en el exterior, la compra de bonos y simuladas inversiones.
El avance del decomiso marca una etapa clave en una de las causas de corrupción más emblemáticas del país y refuerza el proceso de recuperación de activos de origen ilícito.