Discapacidad: el Gobierno busca reemplazar la emergencia por un nuevo esquema de prestaciones

El Gobierno nacional presentó una nueva propuesta para modificar el régimen de prestaciones y beneficios para personas con discapacidad, en medio del debate abierto en el Congreso por el proyecto de Presupuesto 2027. La iniciativa oficial busca dejar atrás el carácter transitorio de la emergencia y convertir en permanentes varias de las garantías contempladas actualmente.

El nuevo texto fue presentado por el oficialismo ante bloques aliados en la Cámara de Diputados y contempla mantener aspectos centrales del sistema vigente, entre ellos el nomenclador único, la actualización de los aranceles y determinadas condiciones para el acceso a las pensiones. La propuesta surgió después de los cuestionamientos que generaron las modificaciones incluidas originalmente en el Presupuesto 2027.

La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad fue sancionada en septiembre de 2025 y estableció la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de una prórroga por un año. La norma contempla medidas vinculadas con el financiamiento de las pensiones, las prestaciones básicas, los prestadores y distintos programas de atención e inclusión.

Qué propone ahora el oficialismo

El proyecto elaborado por el Gobierno busca incorporar de manera permanente varias disposiciones que actualmente forman parte del régimen de emergencia.

Entre los puntos incluidos se encuentra el mantenimiento del nomenclador único de prestaciones y de su mecanismo de actualización. También contempla una pensión equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene la compatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado para quienes perciban ingresos de hasta dos salarios mínimos.

La iniciativa también establece la continuidad de la cobertura de salud y de determinados beneficios para los empleadores que incorporen trabajadores con discapacidad.

Otro de los puntos contemplados es el reconocimiento de las compensaciones pendientes para los prestadores. Además, se plantea que las partidas destinadas al sistema no puedan reducirse en términos reales respecto del año anterior.

El Gobierno sostiene que el objetivo es darle mayor previsibilidad al sistema y establecer un marco permanente que permita garantizar la continuidad de las prestaciones y beneficios.

El antecedente del capítulo de discapacidad del Presupuesto

La nueva propuesta llegó después de que el proyecto de Presupuesto 2027 generara cuestionamientos por los cambios previstos originalmente para el área.

Entre las modificaciones que habían sido incorporadas se encontraban cambios en los criterios para acceder a las pensiones por discapacidad y modificaciones en las condiciones de compatibilidad con el empleo registrado. También se había planteado alterar aspectos vinculados con el sistema de certificación y con las prestaciones.

Esos cambios provocaron cuestionamientos dentro y fuera del Congreso, incluidos sectores que habitualmente acompañan iniciativas del oficialismo. En las últimas semanas, distintos bloques reclamaron modificaciones al capítulo correspondiente a discapacidad.

La oposición reclama mantener la emergencia

Los bloques que impulsan la prórroga de la emergencia sostienen que la nueva iniciativa no reemplaza la necesidad de extender la Ley 27.793 hasta fines de 2027.

Desde la oposición cuestionaron además que el Gobierno busque reemplazar la emergencia por un régimen permanente mientras continúa incluido en el Presupuesto un capítulo que modifica aspectos del sistema.

El diputado Juan Marino, uno de los impulsores del proyecto de prórroga, sostuvo que la oposición pretende avanzar con su propio dictamen y reclamó que el Ejecutivo retire el capítulo VI del Presupuesto 2027.

Por su parte, el diputado Pablo Juliano planteó dudas sobre la propuesta oficial y señaló que, para su espacio, la emergencia debería ser prorrogada.

Estas posiciones muestran que todavía existen diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores respecto de cuál debe ser el mecanismo legislativo para garantizar la continuidad del sistema.

Auditorías y control de las prestaciones

La propuesta oficial también incorpora un esquema de auditorías periódicas y cruces de información entre distintas bases de datos estatales.

El objetivo planteado es mejorar los mecanismos de control sobre el sistema y verificar el cumplimiento de los requisitos correspondientes. El texto contempla la utilización de información de organismos como ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo un procedimiento que incluye garantías de debido proceso.

La incorporación de controles y auditorías forma parte de la intención del Gobierno de establecer un sistema permanente con mecanismos de seguimiento sobre los beneficiarios y las prestaciones.

El reclamo de los prestadores

El debate legislativo se desarrolla además en un contexto de reclamos de instituciones, profesionales y organizaciones vinculadas con la discapacidad.

Uno de los principales planteos del sector está relacionado con la actualización de los aranceles y con las deudas acumuladas por las prestaciones realizadas.

El Gobierno, por su parte, oficializó en septiembre una actualización del 1,7% del nomenclador, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor. La medida alcanzó a distintas prestaciones del Sistema de Prestaciones Básicas, entre ellas rehabilitación, centros de día, centros educativos terapéuticos, formación laboral, escolaridad, prestaciones de apoyo y transporte.

Un debate que continúa en Diputados

El nuevo proyecto oficial modifica el escenario previo al tratamiento en comisión, pero no cierra la discusión parlamentaria.

Mientras el oficialismo busca reunir respaldo para su propuesta, distintos bloques opositores mantienen el planteo de extender la emergencia durante 2027. La discusión deberá definir si el Congreso prorroga la legislación vigente o aprueba un nuevo marco permanente para las prestaciones y beneficios destinados a las personas con discapacidad.

La definición también determinará cómo quedarán establecidos los mecanismos de actualización de los aranceles, el régimen de pensiones, la cobertura de salud y el financiamiento del sistema durante el próximo año.

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