El Gobierno nacional definió que los pagos de intereses y vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), acreedores privados y organismos multilaterales se realizarán principalmente mediante la liquidación de activos del Estado. La estrategia fue ratificada por el presidente Javier Milei, quien descartó recurrir a nueva deuda externa y apuesta a acelerar privatizaciones y concesiones.
En mensajes recientes difundidos en redes sociales, el mandatario explicó que la administración libertaria mantendrá una política de escasez de bonos soberanos, evitando nuevas emisiones en los mercados internacionales. En ese marco, los ingresos provenientes de privatizaciones aparecen como una de las principales fuentes de financiamiento para sostener el esquema de déficit cero y cumplir con los compromisos financieros.
“A los pagos con multilaterales se les hará frente con liquidación de activos del Estado. El déficit cero implica el pago de intereses de la deuda, por lo que, en el peor de los casos, solo se buscaría un roll-over. Sin embargo, seguiremos buscando otras fuentes de financiamiento para continuar pagando la deuda”, sostuvo Milei.
A fines de 2025, el Ejecutivo ya obtuvo alrededor de US$700 millones a partir del traspaso al sector privado de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue. Esos recursos se destinaron al primer pago a los bonistas realizado en enero de este año y funcionaron como antecedente del esquema que ahora busca profundizarse.
Entre los procesos más avanzados figuran las privatizaciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Belgrano Cargas y Logística e Intercargo, además de la licitación de la segunda etapa de la red vial administrada por Corredores Viales y la venta de acciones de Transener.
En el caso de AySA, fuentes oficiales señalaron que el Gobierno prevé lanzar los pliegos antes de que finalice el primer trimestre de 2026. La Ley Bases habilita la venta del 90% de las acciones en manos del Estado, mientras que el 10% restante quedará para los trabajadores de la empresa.
Más complejo es el proceso vinculado a Energía Argentina S.A. (Enarsa). En enero se lanzó una licitación pública nacional e internacional para la venta del 50% de las acciones de Citelec, sociedad controlante de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país. La operación podría generar ingresos cercanos a los US$200 millones y la fecha límite para la presentación de ofertas es el 23 de marzo.
En el sector ferroviario, la licitación de Belgrano Cargas fue rediseñada para permitir propuestas integrales que incluyan activos y operación. El interés proviene de grandes exportadores de granos, empresas del sector minero y un operador mexicano que manifestó intenciones de invertir hasta US$3000 millones.
En cuanto a la infraestructura vial, el 23 de febrero se realizará la apertura de sobres para la concesión de más de 1800 kilómetros de rutas nacionales, incluyendo autopistas estratégicas y tramos actualmente operados por Corredores Viales.
También avanza la reprivatización de la Hidrovía del Río Paraná, por donde se canaliza cerca del 80% de las exportaciones argentinas. Los pliegos ya fueron publicados y la apertura de ofertas está prevista para el 27 de febrero.
Por último, Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en aeropuertos, ya cuenta con el decreto que habilita su privatización. Desde el Ministerio de Economía estiman que la licitación podría lanzarse a mediados de febrero, con un piso de referencia cercano a los US$30 millones.