El Congreso Nacional se prepara para una semana decisiva en el marco de las sesiones extraordinarias, con dos proyectos centrales del Gobierno que llegarán al recinto: la reforma laboral y el régimen penal juvenil. Ambas iniciativas forman parte de la agenda prioritaria de la Casa Rosada y serán tratadas con un cronograma acelerado.
La reforma laboral será debatida en el Senado el próximo miércoles 11 de febrero. Según afirmó la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, el oficialismo ya cuenta con los votos necesarios para obtener la media sanción. En ese sentido, los bloques dialoguistas formalizaron el pedido de sesión y avanzan las negociaciones fuera del ámbito de las comisiones.
Desde distintos sectores legislativos señalan que, de aprobarse en el Senado, el proyecto tendría un trámite rápido en Diputados, con escaso debate y sin un análisis profundo en comisión. Esta estrategia generó críticas desde la oposición, que cuestiona las negociaciones reservadas y advierte sobre modificaciones que afectarían derechos laborales.
En números, el oficialismo afirma reunir al menos 41 votos, con el respaldo de los senadores de La Libertad Avanza y aliados como el Frente PRO, la UCR, Provincias Unidas, La Neuquinidad y otros bloques provinciales. En contrapartida, ya adelantaron su rechazo los senadores del bloque Justicialista y del Frente Cívico por Santiago, mientras que otras bancadas mantienen definiciones abiertas.
En paralelo, la Cámara de Diputados avanzará con el tratamiento del Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El cronograma fijado por el presidente de la Cámara, Martín Menem, prevé la conformación final de las comisiones el martes, dictamen el miércoles y sesión el jueves 12 de febrero.
La velocidad con la que se busca tratar esta iniciativa generó fuertes cuestionamientos desde sectores opositores y organizaciones sociales, que advierten sobre la sensibilidad del tema y la falta de debate amplio. El dictamen que llegará al recinto es el mismo que se firmó en mayo del año pasado, con posibles ajustes vinculados a la asignación presupuestaria y la implementación en las provincias.
Por el momento, la Ley de Glaciares quedó fuera de la agenda inmediata, aunque legisladores no descartan que pueda ser incorporada rápidamente si el oficialismo consigue los apoyos necesarios, ya que cuenta con dictamen previo.
Con un Congreso marcado por negociaciones intensas y tiempos ajustados, el oficialismo apuesta a avanzar con reformas clave, mientras la oposición denuncia un tratamiento exprés de proyectos de alto impacto social.