La investigación judicial que tiene bajo la lupa a la financiera Sur Finanzas por presunto lavado de activos incorporó un elemento central: la Justicia detectó la existencia de un plan sistemático, organizado y jerárquico para eliminar pruebas y ocultar información clave antes y después de los allanamientos realizados en diciembre de 2025.
El expediente es tramitado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, con la fiscal Cecilia Incardona, y avanza sobre el funcionamiento interno de la empresa y el rol de sus principales responsables, encabezados por Ariel Vallejo, titular de la firma y empresario con vínculos cercanos al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
De acuerdo a la investigación, entre el 1° y el 11 de diciembre se activó un protocolo de emergencia destinado a eliminar evidencia sensible. Las maniobras incluyeron el borrado de registros de cámaras de seguridad, el retiro de grandes sumas de dinero en efectivo, el formateo masivo de computadoras, la desconexión de sistemas internos y el ocultamiento de dispositivos electrónicos y documentación contable.
La reconstrucción de los hechos se apoya en una serie de chats internos recuperados por los investigadores, que muestran una cadena de mando clara y órdenes precisas. Uno de los episodios más relevantes ocurrió en la madrugada del 1° de diciembre, cuando Daniela Sánchez, secretaria de Vallejo, instruyó a la tesorera de la empresa, Micaela Sánchez, para que un empleado “vaya a recaudar dinero” y, en paralelo, se ordenara borrar las grabaciones de las cámaras de seguridad. En ese mismo intercambio se indicó que personal del área de Sistemas permaneciera en su domicilio, una maniobra que, según la Justicia, buscó limitar accesos y preservar tareas posteriores de limpieza digital.
La causa identifica además a Agustín Maciel como quien ejecutó el borrado de los registros fílmicos ese mismo día, confirmando la hipótesis de destrucción deliberada de material probatorio. A esto se suman mensajes que involucran a otras áreas de la empresa, como Recursos Humanos, donde se ordenó desconectar programas de las computadoras de los cajeros para inutilizar los sistemas y evitar el rastreo de operaciones financieras.
La investigación también detectó el ocultamiento de documentación física. En un intercambio entre una cajera y la tesorera, se mencionan dos cuadernos “bien guardados”, considerados por la Justicia como evidencia de contabilidad paralela fuera de los circuitos formales de la empresa. Días después, se coordinaron retiros de CPUs y teléfonos celulares desde un depósito, con el objetivo de ponerlos fuera del alcance de los investigadores.
Las maniobras quedaron expuestas el 11 de diciembre, cuando un vecino alertó a la fiscalía sobre una mudanza acelerada realizada por camionetas de Sur Finanzas hacia un galpón en Turdera, partido de Lomas de Zamora. Al allanar el lugar, la Policía Federal encontró cajas con documentación, servidores, cajeros automáticos y cajas fuertes. En ese operativo, Micaela Sánchez fue detenida cuando intentaba ocultar teléfonos celulares, junto a dos choferes de la empresa.
Como resultado, el juez Armella procesó con prisión preventiva —bajo arresto domiciliario— a la tesorera y a los choferes Sergio Da Silveira y Juan Cervín, acusándolos de encubrimiento agravado por intentar destruir pruebas vinculadas a un delito mayor.
Desde el entorno de Ariel Vallejo negaron que el empresario haya ordenado la eliminación de pruebas y sostuvieron que, tras los allanamientos, la documentación ya había sido secuestrada. La defensa también deslizó que algunos empleados podrían haber actuado por cuenta propia para no autoincriminarse.
La causa por lavado de activos continúa en pleno desarrollo y ya incluye el análisis de cerca de 40 teléfonos celulares secuestrados. La Justicia investiga una presunta trama de préstamos inflados, movimientos millonarios de efectivo sin justificar y el uso de monotributistas sin capacidad económica real para simular operaciones financieras.