El Gobierno nacional define este jueves la agenda legislativa que impulsará durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero. La mesa política del oficialismo se reúne desde el mediodía con el objetivo de cerrar el listado de proyectos que buscará tratar en el Congreso, en un contexto atravesado por tensiones con los gobernadores y el impacto de los incendios en el sur del país.
El encuentro es encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y cuenta con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; y la senadora Patricia Bullrich. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, participa de manera virtual. La reunión fue adelantada, ya que originalmente estaba prevista para la semana próxima.
En un encuentro previo, el oficialismo había definido que los ejes centrales de las sesiones extraordinarias serían la reforma laboral y las modificaciones a la Ley Penal Juvenil, con el objetivo de avanzar en una baja de la edad de imputabilidad. Ambos proyectos son considerados prioritarios por el Ejecutivo y forman parte del núcleo de la agenda legislativa del Gobierno.
En paralelo, Patricia Bullrich mantuvo reuniones con los presidentes de los bloques dialoguistas del Senado, que representan a 44 senadores no kirchneristas. Si bien el PRO no participó del encuentro, hizo llegar sus observaciones y quedó en agenda una nueva reunión para la próxima semana. Desde el oficialismo aseguran que existe un acuerdo consolidado para avanzar con la reforma laboral, aunque reconocen que persisten reclamos puntuales de algunos legisladores.
En las últimas horas, comenzó a ganar espacio la posibilidad de ampliar el temario de las extraordinarias. Entre los proyectos que podrían incorporarse figuran modificaciones a la Ley de Glaciares y, con mayor fuerza, la declaración de la Emergencia Ígnea en la Patagonia, impulsada por los gobernadores del sur en medio de una situación ambiental crítica.
La inclusión de esta iniciativa es vista dentro del Congreso como una eventual moneda de cambio para garantizar los votos necesarios que el Ejecutivo necesita para aprobar la reforma laboral. En ese sentido, distintos sectores políticos presentaron propuestas vinculadas a la emergencia ambiental, y uno de los aliados clave del Gobierno, el PRO, expresó públicamente su respaldo al reclamo de los mandatarios provinciales.
El expresidente Mauricio Macri apoyó la sanción de la Ley de Emergencia Ígnea durante las sesiones extraordinarias y advirtió sobre la magnitud de los incendios forestales, que ya provocaron la pérdida de más de 230 mil hectáreas. También remarcó que la región atraviesa una sequía prolongada y que se requieren mayores recursos y herramientas para combatir el fuego.
Desde Chubut, el gobernador Ignacio Torres pidió además que el Congreso incorpore la figura de ecocidio al Código Penal, con penas severas para quienes provoquen incendios forestales de manera intencional. El planteo respalda un proyecto presentado en el Senado por la legisladora Edith Terenzi, que propone tipificar los delitos ambientales graves y sancionar de forma específica el daño irreversible al ambiente.
Mientras avanza la negociación política, el Gobierno busca equilibrar su agenda de reformas con las demandas de las provincias, en un escenario donde los incendios en el sur podrían reconfigurar las prioridades del debate legislativo de febrero.