El Gobierno nacional enfrenta un escenario de incertidumbre política y jurídica en torno a la adhesión de la Argentina al Board of Peace (Junta de la Paz), el organismo impulsado por el expresidente estadounidense Donald Trump y presentado la semana pasada durante el Foro Económico Mundial de Davos. Tras idas y vueltas internas, el Poder Ejecutivo confirmó que enviará un proyecto al Congreso, luego de que un dictamen legal de la Cancillería advirtiera que eludir al Parlamento sería inconstitucional.
Según confirmaron este miércoles fuentes de la Jefatura de Gabinete, la Casa Rosada avanzará con un proyecto de adhesión que deberá ser tratado por el Poder Legislativo. La decisión implica un cambio de postura respecto de la posición inicial de la Cancillería, encabezada por el canciller Pablo Quirno, que había evaluado que no era necesaria la aprobación parlamentaria al considerar que no se trataba de un tratado internacional.
Esa interpretación fue objetada por la Dirección General de Consejería Legal Internacional (DICOL), que dictaminó que el documento firmado por el presidente Javier Milei en Davos constituye un tratado de adhesión a una organización internacional y, por lo tanto, debe ser aprobado por el Congreso, tal como lo establece la Constitución Nacional.
El debate se vio profundizado por la decisión de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, una de las aliadas políticas de Milei en Europa. Meloni resolvió no adherir al Board of Peace y trasladar la discusión a su Parlamento, al advertir que el organismo no cumple con el principio de igualdad entre los Estados firmantes. En particular, cuestionó que el Board tenga un presidente vitalicio —Donald Trump— con amplias facultades para decidir el ingreso de países, el manejo de los fondos y la definición de las políticas del organismo.
Pese al dictamen legal, en ámbitos diplomáticos el tema no está completamente cerrado. No se descarta que el canciller Quirno intente sostener su postura original, aunque reconocen que resulta difícil avanzar en contra de una opinión jurídica que señala una posible violación constitucional. En caso de que el proyecto llegue al Congreso, no sería tratado durante las sesiones extraordinarias y recién podría ingresar al debate legislativo entre marzo y mayo.
El anuncio del Gobierno se produjo apenas un día después de que la cuenta oficial del Board of Peace en la red X diera la bienvenida a la Argentina como “miembro fundador”, una categoría que inicialmente estaba reservada a los países dispuestos a aportar 1.000 millones de dólares para garantizar una membresía permanente. Desde el Ejecutivo aseguraron que la Argentina no realizará ese aporte y que no asumirá compromisos financieros, lo que volvió a alimentar las críticas sobre el funcionamiento discrecional del organismo.
La forma en que el Board presentó la incorporación de los países también generó cuestionamientos. En todos los anuncios oficiales se exhiben únicamente las banderas de Estados Unidos y del país adherente, lo que refuerza la idea de acuerdos bilaterales y no de una estructura multilateral con igualdad entre sus miembros.
Actualmente, el Board of Peace incluye a 27 países, con una presencia marginal de Europa —solo Hungría y Bulgaria— y la ausencia de actores centrales del sistema internacional como Canadá, Brasil, México y todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Tampoco participan potencias europeas como Francia, Alemania, España, Noruega o Suecia, que rechazaron la iniciativa por considerar que compite o debilita el rol de Naciones Unidas.
Diversos análisis internacionales remarcaron que ninguno de los países miembros se encuentra entre los 50 con mayor nivel democrático según el índice elaborado por The Economist. Argentina aparece como el país mejor ubicado, en el puesto 54, mientras que el resto integra mayoritariamente la categoría de regímenes híbridos o autoritarios.
En este contexto, el Gobierno argentino deberá definir si avanza formalmente con la adhesión al Board of Peace o si el debate parlamentario termina dilatando —o incluso bloqueando— la iniciativa. Por ahora, la decisión de enviar el tema al Congreso abre un frente político adicional y deja en evidencia las tensiones internas y externas que rodean la apuesta diplomática del presidente Milei.