El gobierno de Javier Milei mantiene negociaciones avanzadas con la administración de Donald Trump para firmar un acuerdo que permitiría a Estados Unidos deportar a la Argentina inmigrantes provenientes de terceros países, es decir, personas que no poseen ciudadanía argentina.
La información surge de fuentes con conocimiento directo de las tratativas y de documentos oficiales del gobierno estadounidense citados por The New York Times. Según esas fuentes, el entendimiento aún no fue formalizado, pero se encuentra en una etapa avanzada y se maneja con estricta reserva entre ambos gobiernos.
Las conversaciones se desarrollan en paralelo a un operativo de deportaciones masivas impulsado por la Casa Blanca, que incluyó el despliegue de agentes migratorios en distintas ciudades de Estados Unidos y generó fuertes cuestionamientos por sus consecuencias sociales y humanitarias.
De concretarse el acuerdo, la Argentina se sumaría a la lista de países que aceptan recibir inmigrantes expulsados por Estados Unidos bajo el esquema de “tercer país seguro”, una estrategia utilizada por Washington para acelerar las deportaciones de personas que no pueden ser devueltas fácilmente a sus países de origen por razones diplomáticas o administrativas.
Este tipo de acuerdos busca, además, enviar una señal disuasoria para desalentar la migración irregular hacia territorio estadounidense y reforzar el control fronterizo promovido por la administración Trump.
Las negociaciones se dan en un contexto de endurecimiento del discurso migratorio del gobierno argentino. Desde la asunción de Milei, el Ejecutivo nacional reforzó su retórica contra la inmigración irregular y destacó un aumento en las expulsiones, según declaraciones recientes de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
El posible entendimiento con Estados Unidos refleja el alineamiento político del gobierno argentino con la agenda impulsada por Trump, aunque todavía se desconocen los detalles operativos del acuerdo, el impacto que tendría en el sistema migratorio local y la capacidad del país para absorber deportaciones de personas extranjeras.
Por el momento, las negociaciones continúan y no hay confirmación oficial sobre plazos ni condiciones definitivas.