El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este martes que el Gobierno nacional pondrá en marcha el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa que administra las centrales nucleares del país. La medida había quedado contemplada en la Ley Bases, sancionada este año, que habilita la transferencia de distintas compañías estatales hacia un esquema mixto.
Según precisó Adorni en conferencia de prensa, en los próximos días se firmará el decreto que da inicio al procedimiento. El plan oficial contempla la venta de un 44% de las acciones en bloque, mediante una licitación pública nacional e internacional, al tiempo que se instrumentará un programa de propiedad participada del 5% para que los trabajadores puedan incorporarse al capital accionario.
De esta manera, el Estado nacional conservará el 51% de la compañía, garantizando el control de las operaciones estratégicas en el sector nuclear.
Los objetivos de la medida
La Casa Rosada justificó la decisión en la necesidad de promover la inversión privada en un área considerada sensible y estratégica para el desarrollo energético del país. “Se busca impulsar la construcción del primer reactor modular argentino, extender la vida útil de las centrales nucleares en funcionamiento e incentivar la minería de uranio”, detalló Adorni.
Desde la Secretaría de Energía remarcaron que NASA había recibido en 2023 transferencias de capital por $700 millones (unos USD 2 millones al tipo de cambio de ese momento), pero en 2024 no contó con aportes del Tesoro. “Ese cambio refleja la transición hacia un modelo con mayor participación privada”, explicaron en un comunicado.
Entre los proyectos centrales a financiar se encuentra la extensión de vida de Atucha I, que prevé reingresar al sistema en 2027, así como el programa ASECG II, destinado al almacenamiento en seco de elementos combustibles gastados.
Una política de “fin del Estado empresario”
El vocero presidencial reiteró que todas las empresas públicas se encuentran bajo un esquema de “privatización inevitable”, en línea con los lineamientos del ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher.
“Esta política representa el fin del Estado empresario, aquel que se atribuía funciones impropias a costa de despilfarrar recursos de los argentinos”, afirmó Adorni, defendiendo la necesidad de “diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva”.
Con este paso, el Gobierno busca enviar una señal de apertura a inversores internacionales y consolidar el rumbo privatizador en áreas consideradas estratégicas.