La investigación patrimonial contra Manuel Adorni podría ingresar en una nueva etapa. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que la causa deje de tramitar bajo la figura de enriquecimiento ilícito y sea remitida a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para analizar posibles delitos tributarios vinculados con los ingresos, las tenencias de dólares y las operaciones con criptomonedas del exjefe de Gabinete.
La decisión se conoció después de que la fiscalía evaluara las explicaciones presentadas por el exfuncionario sobre el origen de su patrimonio. Uno de los puntos centrales fue su argumento de que había invertido cerca de US$200.000 en Bitcoin entre 2014 y 2018 y que, posteriormente, la venta de esos activos le permitió obtener US$591.544, fondos que aseguró haber conservado en dólares en efectivo.
Según el análisis de Pollicita, las pruebas incorporadas hasta el momento no son suficientes para descartar esa explicación y sostener que Adorni registró un incremento patrimonial injustificado mientras ocupaba cargos en el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el planteo fiscal no significa que la investigación haya terminado ni que el exfuncionario haya sido sobreseído. Por el contrario, el fiscal identificó aspectos que considera necesario profundizar para determinar si existieron maniobras de evasión impositiva u otras irregularidades en la declaración de sus bienes e ingresos.
El pedido quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta el cambio de competencia y ordena trasladar el expediente al fuero especializado en delitos económicos.
El origen de los fondos y las operaciones con criptomonedas
La causa examinó la evolución patrimonial de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026, período en el que se desempeñó en distintos cargos dentro del Gobierno nacional.
Durante ese lapso, la fiscalía identificó gastos por US$402.578, de los cuales alrededor de US$374.000 habrían sido abonados en efectivo. También detectó una diferencia superior a los $43 millones entre los ingresos que pudo comprobar y las erogaciones realizadas.
Para explicar esos movimientos, Adorni presentó en septiembre un descargo en el que respondió 20 requerimientos vinculados con sus propiedades, préstamos, viajes y gastos familiares. Entre sus argumentos, sostuvo que había obtenido los fondos mediante inversiones en criptomonedas realizadas varios años antes de ingresar a la función pública.
A partir de esa explicación, Pollicita ordenó verificar ocho direcciones digitales aportadas por la defensa y reconstruir los movimientos registrados en ellas.
Las pericias confirmaron que las billeteras existían, que habían registrado actividad entre 2014 y 2018 y que, al momento de la verificación, sus claves estaban bajo control de la defensa. Sin embargo, los especialistas no lograron determinar quién administraba esas direcciones durante el período de las operaciones ni identificar completamente a las personas que intervinieron.
Ante esas limitaciones, la fiscalía consideró que no contaba con elementos suficientes para desmentir la versión del exfuncionario sobre el origen previo del dinero. También examinó los ingresos históricos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, y concluyó que la inversión mencionada no resultaba económicamente imposible, aunque esos registros tampoco demostraban por sí solos que las operaciones se hubieran desarrollado exactamente como sostuvo la defensa.
Las posibles irregularidades tributarias bajo análisis
El nuevo enfoque de la investigación apunta a establecer si parte de los fondos utilizados por Adorni permaneció sin declarar ante los organismos fiscales durante varios años.
Entre los puntos que el fiscal solicitó revisar figuran las operaciones de compra y venta de criptomonedas, la tenencia de dólares en efectivo, los ingresos profesionales utilizados para financiar inversiones y las diferencias entre los registros de plataformas digitales y las declaraciones impositivas.
También quedaron bajo análisis préstamos privados cuya entrega efectiva del dinero no habría podido acreditarse de manera completa.
El dictamen menciona, además, distintos indicadores que podrían requerir una investigación tributaria: el uso reiterado de efectivo, las operaciones realizadas mediante terceros y la incorporación de bienes y fondos a declaraciones juradas rectificativas después de que comenzara la investigación judicial.
Por ese motivo, Pollicita solicitó que el expediente sea enviado al fuero Penal Económico para determinar si existieron posibles maniobras de evasión relacionadas con los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales.
El fiscal también pidió que se investiguen por separado eventuales irregularidades fiscales vinculadas con los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo, además del contratista Matías Tabar. Asimismo, solicitó remitir antecedentes al organismo profesional correspondiente para que examine la actuación de la escribana Adriana Mónica Nechevenko en las operaciones inmobiliarias incluidas en la causa.
Las propiedades y los gastos examinados
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y avanzó sobre distintas operaciones patrimoniales realizadas por el exfuncionario.
Entre las adquisiciones bajo análisis se encuentran una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y un departamento ubicado sobre la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.
La propiedad en el country fue adquirida en noviembre de 2024 por US$120.000. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, US$100.000 habrían provenido de un préstamo privado, mientras que los US$20.000 restantes fueron abonados en efectivo.
Las obras de remodelación también quedaron bajo la lupa. El contratista Matías Tabar declaró que había recibido US$245.000 en efectivo y sin facturas por los trabajos realizados. Adorni, en cambio, sostuvo que las reformas habían tenido un costo de US$175.000.
La otra operación investigada fue la compra del departamento de Caballito, concretada en noviembre de 2025 por US$230.000. La adquisición incluyó un pago de US$30.000 en efectivo y un financiamiento privado por los US$200.000 restantes.
Además de las propiedades, la fiscalía había solicitado explicaciones sobre viajes al exterior, gastos escolares, compras de mobiliario y consumos realizados con tarjetas de crédito de personas del entorno del exjefe de Gabinete.
Con el pedido de cambio de fuero, la causa abre una nueva línea de investigación centrada en la situación tributaria de Adorni y de otras personas vinculadas con las operaciones examinadas. La resolución del juez Ariel Lijo será determinante para definir cómo continuará el expediente.
