La Justicia federal avanzará con una investigación para establecer si el Gobierno de Javier Milei utilizó recursos públicos para facilitar la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos, en un recorrido que incluyó el paso por la Argentina.
La fiscal federal Paloma Ochoa presentó un requerimiento ante la jueza María Eugenia Capuchetti para impulsar formalmente la investigación penal. El planteo busca determinar si se destinaron fondos o recursos estatales para colaborar con el traslado del dirigente brasileño, quien abandonó su país en medio de restricciones judiciales.
La causa todavía se encuentra en una etapa inicial y, hasta el momento, la fiscal no imputó a ningún funcionario. El objetivo de esta nueva instancia es profundizar la recopilación de información y establecer si existió algún tipo de intervención irregular de las autoridades argentinas.
El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, contra el presidente Javier Milei y otros integrantes del Poder Ejecutivo por presunto encubrimiento.
Antes de solicitar la apertura de la investigación, Ochoa había requerido información a distintos organismos estatales para reconstruir el recorrido de Bolsonaro y determinar si las autoridades argentinas estaban al tanto de las restricciones judiciales que pesaban sobre él en Brasil.
El 29 de octubre, Capuchetti había dispuesto una serie de medidas preliminares y solicitado informes a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería. Entre los puntos que se buscan esclarecer están los controles realizados durante el ingreso y la salida del dirigente brasileño, además de las eventuales comunicaciones que el Gobierno argentino pudo haber recibido sobre su situación judicial.
También se ordenó analizar registros de seguridad para reconstruir los movimientos de Bolsonaro durante su permanencia en territorio nacional.
Otras denuncias por el traslado de Bolsonaro
La salida del dirigente brasileño hacia Estados Unidos también motivó otras presentaciones judiciales contra integrantes del Gobierno argentino.
El diputado nacional Esteban Paulón impulsó una denuncia que inicialmente quedó asignada al juzgado de Daniel Rafecas, con el objetivo de investigar posibles responsabilidades de las autoridades nacionales.
Por otra parte, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú para que se analizaran las circunstancias en las que Bolsonaro atravesó la frontera entre Brasil y Argentina.
En ese expediente, el fiscal federal Fabián Martínez solicitó informes sobre los controles migratorios, los registros de pasajeros y el vuelo privado que trasladó al dirigente y a su familia hacia Estados Unidos. También pidió preservar las imágenes de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú.
Sin embargo, la investigación iniciada en Misiones fue desestimada después de que el fiscal considerara que no se había configurado un delito durante el tránsito de Bolsonaro por esa jurisdicción. Esa resolución no afectó el expediente que continúa en los tribunales de Comodoro Py.
El recorrido de Bolsonaro por la Argentina
El 27 de octubre, Flávio Bolsonaro ingresó al país a las 22.50 junto con su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, Carolina y Luiza. La familia cruzó por tierra el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú.
De acuerdo con la información proporcionada por Migraciones, los cuatro integrantes del grupo presentaron documentación válida y no tenían impedimentos legales registrados para ingresar a la Argentina.
A las 23.30 abordaron un avión privado de la empresa Baires Fly, que partió durante la madrugada siguiente rumbo a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar su viaje hacia Miami, Estados Unidos.
La salida se produjo después de que el juez brasileño Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, ordenara la entrega de los pasaportes de Bolsonaro y le prohibiera abandonar Brasil en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
Frente a las denuncias, el Gobierno argentino rechazó haber colaborado de manera irregular con el traslado. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió el procedimiento migratorio y sostuvo que el dirigente brasileño había ingresado con la documentación correspondiente y que no existían alertas de Interpol que obligaran a las autoridades nacionales a impedir su circulación.
Con el nuevo impulso fiscal, la Justicia buscará determinar si, más allá de los controles migratorios, existió una utilización de recursos públicos argentinos para facilitar el traslado de Bolsonaro hacia Estados Unidos.
