El presidente de Paraguay, Santiago Peña, enfrenta una crisis política e institucional luego de que la oposición impulsara un pedido de juicio político en su contra por el escándalo vinculado a la intervención y disolución de Ueno Bank. La entidad financiera tenía alrededor de 2,9 millones de clientes y su cierre generó preocupación entre los ahorristas y movilizaciones en distintas zonas del país.
La iniciativa también alcanza al vicepresidente Pedro Alliana, a quien, al igual que a Peña, sectores opositores señalan por presuntos vínculos con los accionistas del banco y por supuestas decisiones que habrían permitido sostener a la entidad pese al deterioro de sus indicadores financieros.
El pedido de juicio político fue presentado por los diputados opositores Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo, y cuenta inicialmente con el respaldo de 35 firmas. La propuesta comenzó a reunir apoyos de sectores disidentes del oficialismo, pero la crisis económica y social modificó el escenario y llevó al Partido Colorado a anunciar que acompañará el proceso.
Uno de los pronunciamientos más relevantes fue el del expresidente Horacio Cartes, principal referente de esa fuerza política, quien manifestó públicamente su respaldo a la iniciativa. “Acompañamos el juicio político”, expresó en un comunicado, en el que sostuvo que el objetivo es recuperar la institucionalidad de la República.
También se manifestó el presidente del Senado, Basilio Núñez, integrante del Partido Colorado, quien reclamó la renuncia de Peña. El legislador advirtió que no respaldará acciones que impliquen el perjuicio de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados. Además, sostuvo que, si el mandatario no deja el cargo, acompañará el proceso de juicio político.
La posición de referentes del propio oficialismo representa un factor importante para el futuro político del presidente, cuyo modelo económico había sido señalado como una referencia por el gobierno de Javier Milei y por integrantes del equipo económico argentino.
Cómo puede avanzar el juicio político
El procedimiento está contemplado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya y requiere mayorías especiales en las dos cámaras del Congreso.
En primer lugar, la Cámara de Diputados debe aprobar la acusación con el voto de dos tercios de sus integrantes. Si participan los 80 legisladores, se necesitan al menos 54 votos favorables para que el proceso avance hacia el Senado.
La Cámara alta funciona como órgano juzgador y también requiere una mayoría de dos tercios para declarar culpable al mandatario y disponer su destitución. En ese caso, al menos 30 de los 45 senadores deberían votar a favor de la medida.
Si la sesión extraordinaria convocada para tratar el pedido no consigue los votos necesarios, la acusación será rechazada y el expediente pasará a archivo. Ese escenario podría dificultar un nuevo intento por los mismos hechos, debido a los posibles planteos sobre la existencia de una cuestión ya resuelta.
La crisis financiera que desató el conflicto
El conflicto político se profundizó después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara la intervención y disolución de Ueno Bank, una entidad que contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes.
La decisión provocó el cierre de sucursales y la interrupción de sus operaciones, lo que generó incertidumbre entre miles de personas que tenían sus ahorros depositados allí. Además, la entidad mantenía vínculos comerciales y de patrocinio con equipos deportivos y distintos eventos nacionales.
La crisis también puso bajo la lupa la relación entre el presidente Peña y los accionistas del banco. Si bien surgieron cuestionamientos por sus presuntos vínculos con la entidad, el presidente de Ueno Bank, Juan Manuel Gustale, quien se encuentra detenido, afirmó que el mandatario no tenía relación directa con la institución. No obstante, reconoció que Peña había tenido acciones en Ueno Holding, que habría vendido en abril de 2025.
Otro de los puntos cuestionados fue el supuesto respaldo financiero que habría recibido la entidad pese a que sus indicadores de solvencia habían caído por debajo del 50% del mínimo requerido, según los señalamientos incluidos en las acusaciones.
La respuesta de Peña no frenó las protestas
En medio de la presión política y social, Santiago Peña promulgó una ley aprobada por el Congreso para acelerar la devolución de parte de los fondos retenidos a los clientes de la entidad intervenida.
La normativa establece que cada depositante podrá recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 121,7 millones de guaraníes, unos 19.787 dólares. El pago podrá realizarse en un plazo mínimo de 24 horas y no deberá superar los cinco días hábiles desde la entrada en vigencia de la ley.
El presidente defendió la medida y aseguró que permitirá que los ahorristas recuperen sus recursos en el menor tiempo posible. Sin embargo, el anuncio no logró detener las movilizaciones.
Por segunda noche consecutiva, cientos de ciudadanos se concentraron en las inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes para reclamar respuestas y exigir la renuncia del mandatario. La crisis también obligó a Peña a suspender su viaje a España, donde tenía previsto participar de la XXX Cumbre Iberoamericana.
Mientras continúan las protestas y avanza el debate legislativo, el futuro político del presidente paraguayo quedó condicionado por una crisis financiera que ya trascendió el ámbito bancario y se convirtió en un conflicto institucional.
