El Gobierno nacional decidió dar marcha atrás con el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, que incluía una modificación impositiva para aplicar el Impuesto a las Ganancias a las personas que invirtieran en empresas extranjeras a través de Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs).
La decisión se conoció luego de los cuestionamientos que generó uno de los artículos de la iniciativa, que proponía establecer una alícuota del 15% sobre este tipo de operaciones. La medida había sido impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El anuncio fue realizado por Felipe Núñez, integrante del equipo económico y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quien respondió a un usuario en la red social X que había criticado la propuesta. “Quedó de un borrador viejo. Se va a retirar”, afirmó el funcionario.
En un primer momento, la alternativa que se evaluaba era eliminar únicamente el apartado referido a los CEDEARs. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que el oficialismo retiraría de la Cámara de Diputados la totalidad del proyecto.
La controversia se había instalado después de que el texto fuera presentado en el Congreso. La iniciativa planteaba una serie de modificaciones normativas con el argumento de reducir restricciones a las actividades económicas y profesionales, además de promover la competencia y mejorar el funcionamiento de los mercados.
Uno de los puntos más discutidos establecía que los CEDEARs debían tributar Ganancias bajo un esquema equivalente al de la compra directa de acciones extranjeras. El objetivo de esa modificación era evitar que los ahorristas trasladaran sus inversiones hacia activos del exterior aprovechando diferencias en el tratamiento impositivo.
Hasta ahora, quienes invertían en compañías extranjeras mediante estos certificados debían cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes a ese tipo de instrumentos, bajo condiciones vinculadas al régimen de las acciones adquiridas directamente en mercados internacionales.
El proyecto había sido girado a las comisiones de Legislación General, que funcionaba como cabecera, Pequeñas y Medianas Empresas, Finanzas y Presupuesto y Hacienda. No obstante, tras las objeciones recibidas, el Gobierno optó por retirar el texto completo en lugar de avanzar con una modificación parcial.
La propuesta contenía más de 200 artículos y abarcaba cambios en distintas áreas del sistema económico y financiero. Entre otras cuestiones, incluía modificaciones al Impuesto a las Ganancias, al Código Civil y Comercial, a la Ley de Mercado de Capitales, al régimen de Prenda con Registro y a las normas que regulan los Certificados de Depósito a Plazo Fijo.
También contemplaba reformas a la Ley del Cheque, la Ley de Tarjetas de Crédito, la Ley de Warrants y la Ley de Financiamiento Productivo, entre otras disposiciones.
Uno de los aspectos novedosos del proyecto era el reconocimiento legal de la posibilidad de emitir, registrar y negociar valores negociables mediante tecnología blockchain. De esa manera, la iniciativa incorporaba la tokenización de activos al marco normativo, con la intención de otorgarle validez jurídica a estas operaciones.
Pese al alcance de las reformas propuestas, la polémica por el tratamiento impositivo de los CEDEARs terminó condicionando el avance de la iniciativa y derivó en su retiro del Congreso.
