El juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidas para reconstruir el patrimonio del presidente de la AFA y dispuso levantar el secreto fiscal, bancario y financiero de su exesposa, Paola Moyano. La investigación apunta a determinar el origen de distintos pagos y movimientos económicos vinculados con el dirigente.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumó nuevas medidas destinadas a esclarecer el origen de transferencias realizadas por la FIFA, el Sindicato de Choferes de Camiones y la propia entidad del fútbol argentino.
El juez federal Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, ordenó una serie de requerimientos para acceder a información fiscal, bancaria, financiera y patrimonial del dirigente. También dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano, su exesposa, con el objetivo de reconstruir su situación económica.
La causa investiga un presunto enriquecimiento ilícito vinculado con la actividad de Tapia en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Las medidas buscan contrastar la evolución de sus bienes y movimientos financieros con los ingresos declarados, aunque no implican por sí mismas que se haya comprobado una irregularidad.
La Justicia pidió explicaciones por pagos de la FIFA
Uno de los ejes de la investigación está relacionado con tres transferencias que la FIFA realizó a cuentas de Tapia durante 2018, 2019 y 2020. Los montos identificados en el expediente son de US$49.585,53, US$124.583,56 y US$15.408,09.
En conjunto, los pagos suman cerca de US$190.000. Para esclarecer su origen, el magistrado libró un exhorto a Suiza para que el organismo internacional detalle el motivo de las transferencias y precise si correspondieron a honorarios, dietas, viáticos u otros conceptos.
El requerimiento también incluye información sobre los pagos que la FIFA pudo haber realizado a Tapia desde 2016, junto con los cargos o comisiones que habrían dado lugar a esas acreditaciones.
La medida busca establecer si los fondos recibidos guardan relación con funciones desempeñadas por el dirigente y con los ingresos que declaró ante los organismos correspondientes.
Los depósitos del sindicato también están bajo análisis
Otro punto de la pesquisa se concentra en los movimientos registrados en una cuenta sueldo de Tapia entre enero de 2016 y enero de 2019.
De acuerdo con los datos incorporados al expediente, el Sindicato de Choferes de Camiones realizó 37 acreditaciones por un total de $1.494.678,79 durante ese período.
La Justicia solicitó a la organización que informe el concepto de cada pago y entregue documentación sobre el legajo laboral de Tapia, las funciones que desempeñaba, sus recibos de sueldo y las liquidaciones de otros conceptos.
El objetivo es determinar por qué se efectuaron esas transferencias y cuál fue su fundamento. La existencia de los depósitos forma parte de las líneas de investigación, pero será necesario analizar la documentación requerida para establecer su naturaleza.
Qué información deberá entregar la AFA
Los requerimientos judiciales también alcanzan a la Asociación del Fútbol Argentino. Lijo solicitó documentación sobre las tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia, los límites de consumo, las normas que habilitaron su utilización y las rendiciones de gastos correspondientes.
Además, pidió explicaciones por cinco transferencias efectuadas por la AFA a cuentas del dirigente entre 2020 y 2023, por un monto total de $1.476.000.
La entidad deberá detallar, asimismo, los $30 millones en viáticos que Tapia declaró haber percibido, con información que permita identificar los conceptos y las condiciones de esos pagos.
En paralelo, el juez solicitó a distintas entidades bancarias datos sobre cuentas, tarjetas, cajas de seguridad, operaciones cambiarias y posibles vínculos con billeteras digitales. También requirió información sobre dos cuentas comitentes y sus movimientos financieros.
Declaraciones juradas, vehículos y operaciones patrimoniales
La resolución incluye otros pedidos para reconstruir la evolución patrimonial del titular de la AFA.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá informar cómo acceder a las declaraciones juradas que Tapia presentó entre 2016 y 2022, incluidos los anexos reservados. Por su parte, la CEAMSE tendrá que precisar si conserva registros laborales correspondientes a marzo y diciembre de 2006.
El Registro de la Propiedad Automotor fue requerido para informar en qué vehículos Tapia estuvo autorizado a operar desde 2016 y remitir los legajos de cuatro rodados. Entre ellos figura un BMW X4 adquirido en junio de 2020.
También se solicitaron antecedentes de causas judiciales que puedan aportar información sobre bienes, sociedades, deudas, activos financieros y productos bancarios vinculados con el dirigente.
A la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se le pidió que informe si Tapia y Moyano ingresaron a los regímenes de regularización de activos o de pago de Bienes Personales establecidos por la Ley 27.743 y, en caso afirmativo, qué bienes, monedas o valores declararon.
Por qué se amplió la investigación sobre Paola Moyano
Las medidas sobre la exesposa de Tapia buscan determinar si existen bienes, cuentas u operaciones que puedan contribuir a reconstruir la situación económica del dirigente.
El juez solicitó a ARCA información sobre sus declaraciones juradas, patrimonio, deudas, facturación, movimientos registrados y eventuales activos en el exterior. También requirió datos a bancos, a la Caja de Valores y a COELSA sobre cuentas, transferencias, inversiones y billeteras digitales.
Según los antecedentes incorporados al expediente, Moyano habría figurado como firmante de dos cuentas de Tapia y como cotitular de una caja de seguridad. Esos vínculos motivaron la ampliación de los pedidos de información.
La decisión fue adoptada luego de que Pollicita solicitara investigar las transferencias atribuidas a la FIFA y los depósitos del sindicato, además de extender las medidas de análisis patrimonial a Moyano.
El origen de la causa por presunto enriquecimiento ilícito
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien planteó un presunto incremento patrimonial cercano al 1.000% entre 2017 y 2024.
Tapia integra la CEAMSE desde 2014 y ocupa su presidencia desde 2024. La pesquisa busca determinar cómo evolucionaron sus bienes y movimientos económicos durante el período investigado y si existe correspondencia con los ingresos declarados.
El dirigente también se encuentra procesado en una causa por presunta retención indebida de aportes, relacionada con un monto de $19.000 millones, según los antecedentes mencionados en la información judicial.
Con los nuevos requerimientos, la Justicia busca reunir documentación de organismos públicos, entidades financieras, la AFA, la FIFA y el sindicato para avanzar en el análisis de las operaciones bajo sospecha. El alcance de las medidas no equivale a una declaración de culpabilidad: las posibles irregularidades deberán ser evaluadas a partir de la información que se incorpore al expediente.
