Los bloques opositores buscan reunir los 129 legisladores necesarios para abrir la sesión especial y debatir la validez del decreto presidencial. También pretenden avanzar con iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento familiar, mientras el oficialismo impulsa una convocatoria alternativa para el 21 de octubre.
La Cámara de Diputados se prepara para una jornada de negociaciones políticas en la que la oposición intentará reunir el quórum necesario para debatir el DNU 70/2023 firmado por Javier Milei. Los bloques que promueven la sesión especial todavía no tienen asegurada la presencia de los 129 legisladores requeridos para iniciar el debate y continúan buscando apoyos entre los espacios provinciales.
Además de impulsar el rechazo del decreto, los sectores opositores pretenden tratar iniciativas vinculadas con discapacidad y endeudamiento familiar. La definición dependerá, en buena medida, de la posición que adopten diputados que responden a gobernadores y que todavía no confirmaron si participarán de la sesión.
En paralelo, el oficialismo busca evitar que prospere la convocatoria opositora y organizó una sesión alternativa para el próximo 21 de octubre, con una agenda que incorpora algunos de los temas reclamados por los bloques que cuestionan al Gobierno.
Los gobernadores, claves para definir el quórum
Las negociaciones se concentran en los diputados que responden a los mandatarios provinciales. Entre los nombres que aparecen en el centro de las conversaciones figuran Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; e Ignacio Torres, de Chubut.
La participación de los legisladores vinculados con esos gobernadores podría definir si la oposición consigue abrir el recinto o si la sesión queda sin quórum.
Dentro del espacio Provincias Unidas, algunos diputados de la Mesopotamia confirmaron su asistencia, mientras que la presencia de los representantes salteños todavía era objeto de gestiones. El diputado Alberto Arrúa, según el reporte de las negociaciones, mantuvo contactos con esos legisladores para intentar asegurar su participación.
El escenario refleja las dificultades de la oposición para construir una mayoría circunstancial sobre un tema que divide a las distintas fuerzas políticas. Aunque existe una intención común de debatir el decreto, las posiciones de los bloques provinciales no son uniformes y las decisiones también están atravesadas por sus vínculos con la Casa Rosada.
Qué busca la oposición con el rechazo del DNU
Uno de los principales argumentos de los impulsores de la sesión es la necesidad de resolver la situación jurídica y política de las disposiciones incluidas en el DNU 70/2023, entre ellas las vinculadas con la Ley de Tierras Rurales.
El diputado cordobés Juan Brügge sostuvo que declarar la nulidad del decreto permitiría cerrar una etapa de incertidumbre sobre ese punto. También señaló que algunas de las reformas impulsadas originalmente por el Gobierno ya cuentan con otras normas que avanzaron por el Congreso.
Sin embargo, el eventual rechazo del decreto abriría nuevas instancias institucionales y legislativas. Por eso, la discusión no se limita a la votación en Diputados, sino que también involucra los pasos posteriores que podrían corresponder y las consecuencias de una eventual decisión de la Cámara.
La sesión prevista busca poner nuevamente el tema en debate, aunque su realización depende primero de que los bloques opositores consigan reunir el número necesario de legisladores.
La estrategia del oficialismo para desactivar la sesión
Desde hace semanas, el oficialismo intenta evitar el avance de la convocatoria opositora. En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a una sesión para el 21 de octubre a las 12.
La agenda prevista incluye proyectos relacionados con discapacidad y endeudamiento familiar, además de una iniciativa del PRO sobre modificaciones al Código Penal para abordar hechos de vandalismo rural y un proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.
Este último texto incorporó disposiciones vinculadas con la Ley de Tierras Rurales. La modificación se debatió en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, donde el oficialismo obtuvo un dictamen de mayoría.
La propuesta contempla dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023 y restablecer la Ley de Tierras Rurales. La incorporación contó con el respaldo de representantes de la UCR, el PRO y otros legisladores, entre ellos el santafesino José Núñez, de Provincias Unidas.
De esta manera, el oficialismo busca llevar la discusión sobre la propiedad privada y las tierras rurales a través de un proyecto legislativo específico, en lugar de resolverla mediante el tratamiento del decreto que impulsa la oposición.
Los números que maneja cada sector
Según las previsiones difundidas antes de la sesión, los bloques que impulsan el debate calculaban reunir alrededor de 122 diputados. Entre los legisladores que se esperaba que asistieran estaban los integrantes de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y distintos representantes de Provincias Unidas, Argentina Federal, la Coalición Cívica y otros espacios provinciales.
Ese número, sin embargo, no alcanzaba para abrir el recinto: la Cámara necesita la presencia de 129 diputados para habilitar el inicio de una sesión.
Del otro lado, el oficialismo y distintos bloques aliados o cercanos no tenían previsto sentarse en el recinto durante la convocatoria opositora. Entre ellos se contaban legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y representantes de otros espacios provinciales.
Con ese panorama, la asistencia de un grupo reducido de diputados podía resultar determinante. Los tres representantes salteños, los tres legisladores tucumanos de la bancada Independencia, Gisela Scaglia, de Santa Fe, y Jorge Ávila, de Chubut, figuraban entre quienes podían inclinar el resultado.
Las cifras difundidas corresponden a estimaciones previas y no garantizan la presencia efectiva de cada legislador al momento de la convocatoria.
Una definición abierta en el Congreso
La disputa por el quórum vuelve a mostrar el peso de los bloques provinciales en la dinámica parlamentaria. En una Cámara fragmentada, la posición de un número reducido de legisladores puede definir si un tema llega a discutirse y si las iniciativas avanzan hacia una votación.
Para la oposición, el objetivo inmediato es reunir las presencias necesarias para debatir el DNU y otros proyectos pendientes. Para el oficialismo, la convocatoria del 21 de octubre representa una alternativa para ordenar la agenda legislativa y llevar algunas de esas discusiones a una sesión impulsada por la propia conducción de Diputados.
El resultado de las negociaciones determinará si el recinto se abre para el debate o si la falta de quórum posterga nuevamente la discusión. Mientras tanto, las conversaciones continúan tanto en el Congreso como con los gobernadores cuyos legisladores pueden resultar decisivos.
