El escenario electoral de 2027 empieza a influir cada vez más en las conversaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores. Mientras el Ejecutivo busca apoyo para avanzar con sus principales proyectos legislativos, los mandatarios provinciales reclaman respuestas sobre fondos, obras e infraestructura. En paralelo, el peronismo intenta conservar influencia sobre los gobernadores que mantienen una posición más dialoguista.
El Gobierno nacional profundizó en las últimas horas sus contactos con los gobernadores, en un contexto en el que la discusión política comienza a quedar cada vez más vinculada con las elecciones de 2027. Las negociaciones ya no se limitan al respaldo parlamentario para determinadas leyes: también incluyen reclamos provinciales, cuestiones electorales y posibles acuerdos políticos de cara al próximo proceso electoral.
Uno de los principales encargados de llevar adelante estas conversaciones es el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantiene reuniones con distintos mandatarios y representantes provinciales. Entre los temas que aparecen con mayor frecuencia están los recursos para las provincias, las obras de infraestructura y las políticas diferenciadas para el consumo energético.
El reclamo del Norte Grande
Una de las reuniones que concentró la atención fue la mantenida con representantes del Norte Grande, una región integrada por diez provincias con realidades económicas y políticas diferentes.
Uno de los principales pedidos está relacionado con el costo de la electricidad durante los meses de mayores temperaturas. Los gobernadores buscan una política que permita reducir el impacto de las tarifas sobre los hogares de las provincias con climas más cálidos.
La agenda también incluye reclamos vinculados con obras viales y distintas necesidades de infraestructura. Para los mandatarios, estos temas son prioritarios y forman parte de las condiciones que deben contemplarse en cualquier esquema de cooperación con Nación.
Desde el Gobierno, en tanto, las conversaciones también tienen una dimensión legislativa. El oficialismo necesita construir mayorías para avanzar con proyectos que encuentran dificultades en el Congreso, entre ellos la reforma electoral y modificaciones vinculadas con los subsidios energéticos.
Uno de los puntos más sensibles es la intención de suspender las PASO, iniciativa que requiere un acuerdo amplio entre distintos bloques y sectores políticos.
Una negociación que excede el intercambio de votos
El escenario actual presenta una diferencia respecto de anteriores negociaciones entre Nación y las provincias. El intercambio no pasa únicamente por conseguir respaldo para una determinada ley a cambio de recursos.
Los gobernadores plantean necesidades específicas relacionadas con fondos, cajas previsionales, obras y servicios. Al mismo tiempo, buscan preservar sus propios proyectos políticos en cada distrito.
La cuestión electoral adquiere especial relevancia porque buena parte de los mandatarios deberá enfrentar elecciones en sus respectivas provincias durante el próximo año. Por eso, los acuerdos con La Libertad Avanza pueden tener consecuencias tanto en el Congreso como en las estrategias electorales locales.
En ese marco, los gobernadores también procuran evitar que eventuales acuerdos nacionales terminen afectando sus posibilidades de conservar el poder provincial.
Un mapa político heterogéneo
El Norte Grande reúne gobernadores con posiciones muy diferentes frente a la Casa Rosada. Entre ellos se encuentran mandatarios radicales con buen diálogo con el Gobierno, dirigentes peronistas que mantienen una oposición más marcada y otros que sostienen una relación más cercana con la administración de Javier Milei.
En ese grupo aparecen Leandro Zdero, de Chaco, y Carlos Sadir, de Jujuy, ambos radicales y con vínculos con el oficialismo nacional. También están gobernadores peronistas como Gildo Insfrán, de Formosa, y Ricardo Quintela, de La Rioja, que mantienen una posición opositora.
En una postura más dialoguista se ubican Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; y Gustavo Sáenz, de Salta.
Esa diversidad hace difícil establecer una única estrategia de negociación. Cada mandatario tiene necesidades particulares y, además, enfrenta distintos escenarios electorales en su provincia.
Corrientes y Santiago, con un calendario diferente
Dentro del mapa del Norte Grande, Corrientes y Santiago del Estero presentan una situación particular, ya que sus gobernadores no pondrán en juego la continuidad en el cargo durante las elecciones provinciales del próximo año.
En Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés, de extracción radical, asumió en 2025. En Santiago del Estero, Elías Suárez también inició su gestión ese año y responde al espacio político conducido durante años por Gerardo Zamora.
La situación electoral de ambos distritos los diferencia del resto de las provincias de la región y puede influir en la manera en que sus gobiernos encaren las negociaciones con Nación.
El peronismo también busca influir
Mientras el Gobierno intenta consolidar acuerdos con los mandatarios provinciales, el peronismo y el kirchnerismo también buscan mantener influencia sobre aquellos gobernadores que podrían inclinarse hacia acuerdos con la Casa Rosada.
La discusión sobre las PASO ocupa un lugar central. El kirchnerismo mantiene interés en conservar las primarias como una herramienta para resolver sus propias disputas internas, especialmente frente a la posibilidad de una competencia entre distintos sectores del peronismo.
En algunas provincias, además, el objetivo opositor podría pasar por condicionar la composición de las legislaturas locales y evitar que los gobernadores dialoguistas se alineen completamente con el oficialismo nacional.
LLA también pone condiciones
Del otro lado, dentro de La Libertad Avanza también comenzaron a circular planteos vinculados con posibles acuerdos electorales en provincias donde el Gobierno considera posible construir alianzas.
Las negociaciones podrían incluir lugares en las fórmulas provinciales, ministerios, intendencias y listas legislativas. De esta manera, el oficialismo nacional busca aprovechar su posición parlamentaria y su capacidad de negociación para ampliar su presencia territorial.
Sin embargo, las demandas de Nación chocan en algunos casos con los intereses de los propios gobernadores, que necesitan preservar sus estructuras políticas locales.
El resultado es un escenario de presiones cruzadas: el Gobierno necesita a los gobernadores para conseguir respaldo legislativo y construir una estructura electoral nacional, mientras que los mandatarios provinciales buscan recursos y garantías para sus propios proyectos políticos.
Con las elecciones de 2027 cada vez más presentes en las conversaciones, las próximas semanas serán clave para determinar hasta dónde llegan los acuerdos entre la Casa Rosada y las provincias y qué costo político tendrá cada negociación.