La sesión del Senado que terminó con una versión reducida del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dejó al Gobierno ante un desafío que va más allá de una votación puntual: reconstruir acuerdos con los gobernadores y con los bloques provinciales que resultan determinantes para conseguir mayorías en el Congreso.
La Libertad Avanza mantiene el respaldo de sectores del PRO y de buena parte del radicalismo, pero la discusión por la Ley de Tierras mostró que los aliados no acompañan necesariamente todas las iniciativas del oficialismo. Las posiciones de distintos mandatarios provinciales terminaron siendo determinantes para retirar capítulos que no contaban con los votos suficientes.
El escenario adquiere mayor relevancia porque el Ejecutivo ya comienza a preparar la discusión del Presupuesto 2027, cuyo proyecto llegará al Congreso en septiembre, mientras que el próximo año estará atravesado por el calendario electoral.
Santilli, ante el desafío de recomponer los vínculos
Uno de los principales encargados de avanzar en esta tarea es el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien deberá profundizar los contactos con los gobernadores.
La estrategia oficialista apunta a generar canales de diálogo más sólidos antes de que lleguen al Congreso proyectos que requieran mayorías amplias. La experiencia reciente mostró que contar con acompañamiento general no garantiza el respaldo de los legisladores cuando una iniciativa afecta intereses específicos de las provincias.
Durante el debate por la propiedad privada, varios gobernadores marcaron límites y transmitieron esas posiciones a sus representantes en el Senado.
Por eso, dentro del Gobierno consideran que el vínculo con los mandatarios provinciales será determinante durante los próximos meses.
Los aliados comenzaron a marcar sus propios límites
La jornada también dejó expuestas diferencias entre La Libertad Avanza y algunos de los espacios provinciales que habitualmente colaboran para alcanzar el quórum y aprobar proyectos.
Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando el senador libertario Joaquín Benegas Lynch cuestionó a los sectores que se ubicaban en una posición intermedia y los calificó de “tibios”.
La reacción llegó desde el bloque Moveré Santa Cruz. El senador José María Carambia reclamó una disculpa pública y defendió la autonomía de los partidos provinciales para definir su posición frente a cada proyecto.
El episodio reflejó una dificultad que el oficialismo deberá administrar: los bloques aliados pueden acompañar al Gobierno en determinadas iniciativas, pero también están dispuestos a rechazar aquellos artículos que consideran perjudiciales para sus provincias.
Los gobernadores tuvieron un papel decisivo
El debate por la Ley de Tierras mostró especialmente el peso de los mandatarios provinciales.
En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo había anticipado que sus representantes en el Senado no acompañarían la iniciativa. Una situación similar se produjo en Neuquén, donde Rolando Figueroa expresó su rechazo a la posibilidad de ampliar la participación extranjera en la propiedad rural.
Desde el norte argentino también hubo cuestionamientos. Los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo fueron señalados como parte de los mandatarios que marcaron una posición contraria al capítulo de tierras.
En Córdoba, la senadora Alejandra Vigo, cercana al gobernador Martín Llaryora, también cuestionó la iniciativa y planteó reparos vinculados con el federalismo.
El resultado fue la retirada del capítulo más controvertido del proyecto antes de la votación.
UCR y PRO mantienen el respaldo, aunque con diferencias
El oficialismo conserva aliados importantes dentro del Congreso.
La UCR acompañó en términos generales el proyecto una vez que fueron retirados los capítulos que generaban mayores cuestionamientos. Sin embargo, algunos senadores radicales habían marcado previamente su oposición a las modificaciones sobre tierras rurales.
El PRO también mantiene una relación cercana con La Libertad Avanza, aunque existen canales de consulta con los gobernadores de ese espacio cuando las iniciativas pueden tener impacto directo en sus distritos.
En este esquema, Patricia Bullrich aparece como una de las figuras centrales para ordenar el vínculo con sectores aliados dentro del Senado.
El Presupuesto 2027 será la próxima prueba
El desafío del Gobierno se trasladará ahora a otros proyectos de mayor importancia política. Entre ellos aparece el Presupuesto 2027, cuyo tratamiento requerirá nuevamente acuerdos con gobernadores y legisladores de distintas fuerzas.
La iniciativa comenzará a discutirse en un Congreso donde La Libertad Avanza todavía no cuenta con mayorías propias suficientes para avanzar sin negociar.
La discusión presupuestaria además tendrá lugar en un contexto preelectoral, por lo que los gobernadores tendrán incentivos adicionales para defender recursos y prioridades de sus respectivas provincias.
En ese escenario, la Casa Rosada busca anticiparse a nuevas dificultades y fortalecer el diálogo político antes de que los proyectos lleguen al recinto.
Una nueva etapa de negociación parlamentaria
La sesión por la Ley de Tierras dejó como principal conclusión que el oficialismo necesita ampliar su capacidad de negociación. La estrategia basada en acuerdos puntuales deberá complementarse con un diálogo más permanente con los mandatarios provinciales y con los bloques que representan intereses territoriales.
La próxima reunión de la Mesa Política en Casa Rosada, encabezada por Karina Milei, será uno de los ámbitos donde el Gobierno analizará esta nueva etapa y definirá cómo encarar la agenda legislativa de los próximos meses.
El objetivo será evitar que las diferencias que quedaron expuestas en el Senado vuelvan a repetirse en proyectos considerados prioritarios por el Ejecutivo.