La reunión entre representantes del Gobierno nacional y las universidades públicas finalizó sin acuerdo debido a diferencias sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Durante el encuentro, el Ejecutivo presentó una propuesta de actualización presupuestaria y salarial, mientras que las casas de estudio ratificaron su decisión de mantener el reclamo judicial por el cumplimiento de la norma.
Según trascendió, la oferta oficial incluyó un aumento salarial del 21,3% para junio y otro 3% para octubre, además de una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento, fondos adicionales para hospitales universitarios y un incremento del 50% en las Becas Belgrano.
Desde el sector universitario señalaron que la propuesta representa un avance respecto de planteos anteriores, pero consideraron que resulta insuficiente para compensar la pérdida presupuestaria acumulada. También rechazaron la posibilidad de retirar la demanda judicial vinculada al incumplimiento de la ley aprobada por el Congreso en 2025.
La Ley de Financiamiento Universitario establece mecanismos de actualización de partidas y salarios en función de la inflación. Aunque fue sancionada por el Congreso, el Gobierno cuestionó su impacto fiscal y no la implementó, situación que derivó en una disputa judicial que actualmente espera una definición de la Corte Suprema.
Por el momento, no hay nuevas reuniones previstas entre las partes y las universidades mantienen su reclamo por una recomposición presupuestaria y salarial más amplia.