El fondo Titan Consortium intensificó su estrategia judicial en Estados Unidos para intentar cobrar una sentencia por más de US$390 millones contra la Argentina, vinculada a la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El país no cumplió con el pago del fallo, lo que abrió la puerta a pedidos de embargo sobre activos soberanos.
La disputa tiene origen en un laudo favorable al fondo dictado en 2019 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Sin embargo, como estos fallos no son directamente ejecutables, Titan logró en 2024 que una corte del Distrito de Columbia, en Washington D.C., reconociera la sentencia y ordenara su pago.
Según analistas del caso, la Argentina acumula más de un año sin cumplir con esa obligación. Ante esta situación, el fondo busca posicionarse con prioridad frente a otros acreedores y apunta a activos específicos: los colaterales de los bonos Brady, que permanecen depositados en la Reserva Federal de Nueva York.
Este movimiento podría interferir con otras negociaciones en curso. Meses atrás, el Gobierno había avanzado en un acuerdo para utilizar esos mismos activos en la resolución de litigios derivados del default de 2001, lo que ahora podría verse condicionado por el reclamo de Titan.
El conflicto judicial tuvo momentos de acercamiento entre las partes a fines de 2024, cuando se negociaba un posible acuerdo de pago. Sin embargo, la estrategia oficial cambió y el proceso se reactivó en los tribunales estadounidenses, con el fondo avanzando en pedidos de embargo.
Aun así, especialistas señalan que ejecutar este tipo de sentencias no es sencillo, ya que identificar activos embargables del Estado argentino en el exterior presenta múltiples obstáculos legales.