Fred Machado se declaró culpable de fraude y lavado de dinero en Estados Unidos

El empresario rionegrino Federico Machado, conocido como “Fred” Machado, se declaró culpable de los delitos de fraude y lavado de dinero ante la Justicia federal de Estados Unidos, en el marco de una causa tramitada en el distrito Este de Texas.

El acuerdo fue presentado ante un tribunal federal de la ciudad de Sherman y contempla la admisión de responsabilidad por parte del empresario a cambio de que la fiscalía retire la acusación por narcotráfico internacional, uno de los cargos más graves incluidos en la causa iniciada en 2020.

Según la documentación judicial, Machado reconoció haber participado en maniobras financieras destinadas a ocultar el origen y control de fondos mediante operaciones internacionales y estructuras societarias complejas.

El pacto deberá ser homologado por el juez federal Amos Mazzant, aunque en el entorno del empresario consideran probable su aprobación y esperan una reducción significativa de la pena.

Machado permanece detenido en una prisión federal de seguridad media en Oklahoma, luego de haber sido extraditado desde Argentina. Su defensa busca que se computen también los años que pasó bajo arresto domiciliario en el país, lo que podría acercarlo a una eventual libertad anticipada.

La investigación también involucró a la empresaria estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin, quien ya había sido condenada en 2023 a 16 años de prisión tras declararse culpable de narcotráfico.

El caso volvió además a poner bajo la lupa al economista y dirigente liberal José Luis Espert, quien es investigado en Argentina por una transferencia de 200 mil dólares recibida desde una empresa vinculada a Machado en 2020.

Según la investigación judicial, el pago habría estado relacionado con una supuesta consultoría vinculada a una mina en Guatemala, aunque los investigadores señalaron que no existen pruebas concretas sobre la realización de ese trabajo.

La admisión de culpabilidad de Machado podría impactar ahora en las causas abiertas en Argentina, especialmente por las sospechas de lavado de dinero y vínculos financieros con dirigentes políticos y empresarios.

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