La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una recusación contra los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dejaron sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de la reforma laboral, y solicitó la nulidad de la resolución por considerar que carece de fundamentos.
La presentación, realizada a través del abogado Pablo Topet, apunta contra los camaristas Víctor Pesino y María Dora González. Desde la central obrera sostuvieron que ambos magistrados incurrieron en prejuzgamiento al dictar el fallo y cuestionaron especialmente la situación de Pesino, al señalar que habría recibido un “beneficio de importancia” por parte del Estado nacional.
El eje de la polémica se vincula con que, tras el fallo que volvió a poner en vigencia cerca de 80 artículos de la reforma laboral, el Gobierno impulsó en el Senado un pedido para extender por cinco años la permanencia de Pesino en su cargo, quien está próximo a alcanzar el límite de edad establecido por la Constitución.
En ese contexto, la CGT argumentó que la intervención del juez en el expediente resulta incompatible con la ética judicial, al considerar que su decisión pudo verse influida por un interés personal. Además, cuestionó el accionar del Estado nacional y recordó compromisos asumidos en relación con el fuero laboral.
La central también criticó el contenido del fallo por entender que no fundamenta de manera razonable qué artículos debían aplicarse y cuáles no, y sostuvo que los jueces adelantaron criterio sobre el fondo de la cuestión, lo que —según plantearon— invalida la sentencia.
Otro de los puntos señalados es que la causa habría sido tratada por una sala que no correspondía y sin dar intervención previa a la CGT. En esa línea, reiteraron el planteo de caso federal, dejando abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema.
Además, la organización sindical advirtió que podría llevar el reclamo a organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El conflicto judicial gira en torno a un conjunto de artículos de la reforma laboral que habían sido suspendidos en primera instancia tras un amparo presentado por la CGT. Esas disposiciones incluyen cambios en indemnizaciones, condiciones de trabajo, derecho a huelga y libertad sindical, entre otros aspectos, y continúan bajo análisis en la causa principal.