El conflicto salarial en el Poder Judicial de Corrientes escala en medio de un escenario marcado por restricciones presupuestarias. Trabajadores del sector no descartan medidas de fuerza si no se abona el 6% restante del aumento dispuesto meses atrás.
La mejora salarial había sido definida por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes en febrero, con un incremento total del 12% dividido en dos tramos: un 6% ya liquidado en marzo y otro 6% previsto para abril, que ahora está en duda.
Desde el Ministerio de Hacienda, encabezado por Héctor Grachot, advirtieron que avanzar con ese pago generaría un fuerte déficit en las cuentas públicas, estimado entre $38.000 y $48.000 millones, lo que motivó la decisión de frenar la liquidación.
La postura fue respaldada por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien avaló la necesidad de priorizar el equilibrio fiscal en un contexto de caída de recursos.
Ante este escenario, el gremio judicial reclama el cumplimiento de lo acordado y presiona para que el aumento se incluya en los salarios de abril. La falta de definiciones a pocos días del cronograma de pagos incrementa la tensión en tribunales.
Si no hay una respuesta favorable, crece la posibilidad de un paro en la Justicia provincial, lo que podría afectar el normal funcionamiento del sistema judicial en las próximas semanas.