La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un extenso comunicado en el que cuestionó la veeduría dispuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ) y negó la existencia de irregularidades en su funcionamiento institucional. La entidad sostuvo que la medida “no es técnica sino política” y defendió el modelo de asociaciones civiles frente al avance de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
El documento, firmado por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, planteó contradicciones en la resolución del organismo de control. Según señaló, mientras la IGJ afirma que la veeduría “no implica sanción”, en su comunicación oficial menciona “graves irregularidades” y supuestos fondos de origen desconocido. Para la AFA, esa dualidad expone un enfoque que excede el plano administrativo.
La controversia se da en un contexto de tensión entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol argentino, en medio del debate por la implementación de las SAD. Desde la AFA remarcaron que el objetivo de la medida sería debilitar institucionalmente a la entidad para avanzar con cambios en la estructura jurídica de los clubes.
En el comunicado también se rechazaron las acusaciones sobre balances no presentados. La entidad aseguró que los ejercicios contables entre 2017 y 2024 fueron entregados y se encuentran en trámite administrativo. Respecto al período 2025, explicó que no fue presentado ante la IGJ porque el domicilio legal fue trasladado a la provincia de Buenos Aires, bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
Además, la AFA anticipó que recurrirá la decisión ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de que la medida sea revisada judicialmente.
En el tramo final, el comunicado insistió en la defensa del modelo de clubes sociales y reafirmó que “el fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas”, rechazando cualquier intento de “cooptación” institucional.