La investigación judicial que analiza el manejo de más de USD 300 millones vinculados a contratos internacionales de la Selección argentina sumó un nuevo capítulo. La defensa de los propietarios de TourProdEnter LLC solicitó apartar como querellante al empresario Guillermo Tofoni, quien aportó documentación bancaria obtenida en Estados Unidos sobre el circuito de fondos.
El planteo fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 por los abogados de Javier Faroni y Gabriela Erica Gillette, responsables de la firma radicada en Estados Unidos. Según el escrito, Tofoni no cumpliría con el requisito de “particular ofendido” que exige el Código Procesal Penal para intervenir como querellante en una causa penal.
La discusión procesal
La defensa argumentó que el supuesto perjuicio invocado no afectaría de manera directa y singular al empresario, sino que alcanzaría, en todo caso, a la Asociación del Fútbol Argentino y a los clubes. Además, sostuvo que el conflicto debería resolverse en el ámbito comercial y no penal, invocando el principio de “ultima ratio” del derecho penal.
Si prospera el pedido, Tofoni perdería la posibilidad de impulsar medidas de prueba, acceder plenamente al expediente y recurrir decisiones con la capacidad procesal de una parte acusadora.
La causa tiene como uno de los principales señalados al presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto al tesorero Pablo Toviggino y a los directivos de TourProdEnter. La investigación se centra en la administración de ingresos derivados de amistosos internacionales, eventos y contratos de sponsoreo durante los últimos cuatro años.
La respuesta del empresario
En su presentación ante el juzgado, Tofoni rechazó los argumentos de la defensa y afirmó que fue quien aportó la prueba más relevante del expediente, a partir de un proceso de discovery tramitado ante tribunales estadounidenses.
Según explicó, ese mecanismo exige acreditar un interés legítimo, concreto y actual para acceder a información bancaria sensible, lo que —a su entender— demuestra la existencia de una posible afectación patrimonial directa.
El expediente ya atravesó una discusión sobre competencia y continúa bajo la órbita de la justicia ordinaria. En este contexto, la definición sobre la continuidad o no de Tofoni como querellante se volvió un punto central, ya que impactará en el ritmo y alcance de la investigación.