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El Gobierno sigue de cerca el caso Nahuel Gallo y mantiene cautela frente a la amnistía en Venezuela

El Gobierno nacional monitorea de forma permanente la situación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, y mantiene una postura prudente ante la reciente Ley de Amnistía impulsada por el oficialismo venezolano. En la Casa Rosada advierten que no existen garantías concretas de una liberación en el corto plazo y califican el proceso de excarcelaciones como “lento”.

Según la información que maneja el Ejecutivo, Gallo se encuentra alojado en el penal de El Rodeo. Si bien las autoridades sostienen que no estaría en malas condiciones de salud, preocupa la huelga de hambre que inició recientemente, una medida que encendió alertas tanto en el Gobierno como en su entorno familiar.

Alcance limitado de la amnistía

La administración de Javier Milei sigue con atención la aplicación de la norma promulgada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, aunque considera que el texto no incluiría el caso del gendarme argentino.

De acuerdo con el texto oficial, la amnistía abarca delitos cometidos en el marco de protestas, procesos electorales y conflictos políticos ocurridos entre 1999 y 2025. Sin embargo, la acusación contra Gallo fue presentada por el gobierno de Nicolás Maduro como un supuesto caso de espionaje y sabotaje en favor de un Estado extranjero, una figura que no aparece entre los supuestos contemplados.

Además, la ley excluye expresamente a quienes hayan participado en acciones contra la soberanía con intervención de Estados o personas extranjeras, lo que, según interpretan en Nación, podría dejar al argentino fuera del beneficio.

Gestión diplomática y escenario político

En Balcarce 50 sostienen que la liberación podría acelerarse únicamente mediante un pedido directo de los Estados Unidos, mientras que por el momento no está previsto abrir nuevos canales institucionales con Caracas.

La cautela oficial se produce en paralelo a la decisión de la Justicia venezolana de liberar a cientos de detenidos tras la sanción de la norma, en un contexto político complejo dentro del propio gobierno venezolano.

Mientras tanto, el Ejecutivo argentino insiste en que el gendarme no realizó tareas de inteligencia y continúa evaluando los pasos diplomáticos a seguir, con el objetivo de lograr su regreso al país.

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