El Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, ofreció a los cuatro empleados detenidos en la causa Sur Finanzas la posibilidad de acogerse al régimen de “imputado colaborador”, previsto en la Ley 27.304 (artículo 41 ter del Código Penal). La figura contempla una eventual reducción de pena para quienes aporten información relevante que permita esclarecer delitos graves e identificar responsables de mayor jerarquía.
La investigación apunta a presuntas maniobras de lavado de activos y evasión fiscal vinculadas a la financiera Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejos, y a su presunta conexión con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuyo presidente es Claudio Tapia.
Los cuatro imputados —Juan Miguel Soler (informático), César Zapaia (oficial de cumplimiento), Daniela Sánchez (secretaria privada) y Rolando Soloaga (jefe de seguridad)— continúan detenidos. Durante sus indagatorias, se les informó formalmente sobre la posibilidad de convertirse en “arrepentidos”. Ninguno rechazó la propuesta y manifestaron que lo evaluarán con sus defensas.
Reconocimiento de chats y órdenes internas
En el expediente constan conversaciones en las que se mencionan acciones para ocultar o borrar información ante los allanamientos realizados el 1 de diciembre de 2025. Según la acusación, se habrían coordinado maniobras para esconder computadoras, desconectar programas y retirar equipos informáticos.
Zapaia reconoció intercambios en los que afirmaba haber escondido dispositivos, aunque sostuvo que parte de esos mensajes fueron “en tono de broma” y negó haber ocultado pruebas relevantes. Soler, por su parte, admitió haber recibido mensajes en los que se le pedía “borrar planillas” o “limpiar” computadoras, aunque afirmó no recordar con precisión las acciones realizadas.
En tanto, Soloaga está acusado de haber dado directivas para retirar vehículos presuntamente utilizados por la firma y organizar guardias tras los primeros allanamientos. Daniela Sánchez fue señalada como quien habría coordinado órdenes para retirar dinero de sucursales y frenar movimientos ante la presencia policial. Ambos optaron por no declarar.
Allanamientos y secuestro de material
En los 14 allanamientos realizados se incautaron computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos, documentación contable, dinero en efectivo en distintas monedas y registros vinculados a operaciones financieras. También se secuestraron DVRs de cámaras de seguridad y contratos de alquiler de inmuebles presuntamente utilizados por la organización.
La causa se inició tras una denuncia de la Dirección General Impositiva por una presunta evasión millonaria. Según la resolución judicial, el volumen económico del grupo empresario y el riesgo de entorpecimiento probatorio justifican la detención de los imputados.
Mientras la Justicia analiza la documentación secuestrada y el contenido de los dispositivos electrónicos, los acusados deberán definir si aportan información que comprometa a superiores dentro de la estructura investigada.