Diversos sindicatos intensificaron en las últimas horas la presión sobre la Confederación General del Trabajo (CGT) para que convoque a un paro general en rechazo a la reforma laboral que será tratada en la Cámara de Diputados. Desde distintos espacios sostienen que “sobran motivos” para una huelga y que no hay posibilidades de frenar el proyecto sin un plan de lucha.
La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra. Tras ese resultado, el oficialismo busca avanzar con el dictamen correspondiente para llevar el proyecto al recinto de la Cámara baja en los próximos días.
En la antesala del debate en la Cámara Alta, la CGT negoció modificaciones al texto original y logró incorporar 28 cambios. Entre ellos, se mantuvieron las cuotas solidarias sindicales y se eliminó el artículo que proponía reducir las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales.
Sin embargo, algunos gremios cuestionaron esa estrategia. El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, señaló que no había margen para negociar el contenido del proyecto y adelantó que solicitarán formalmente a la CGT que convoque a un paro general con movilización durante el tratamiento en Diputados.
En la misma línea se expresó el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien afirmó que están dadas las condiciones para una huelga nacional. También se sumó al reclamo la Federación de Aceiteros, cuyo dirigente Daniel Yofra manifestó su expectativa de que la central obrera adopte una medida antes de la votación.
Por su parte, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), integrado por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, anunció un plan de acción que contempla movilizaciones en distintas provincias y la realización de paros y protestas el día en que la reforma laboral se trate en la Cámara de Diputados.
El escenario expone un nuevo foco de tensión en el ámbito sindical, mientras el Congreso se prepara para debatir una de las iniciativas centrales del programa oficial.