El gobierno de Santa Fe confirmó un principio de acuerdo con sectores de la Policía provincial que desde hace dos días mantenían medidas de protesta en reclamo de mejoras salariales y laborales. La administración provincial anunció un incremento especial que busca acercar el salario básico a la Canasta Básica del Indec —estimada en al menos 1,3 millón de pesos— y dejó sin efecto los pases a disponibilidad aplicados a agentes que participaron de las manifestaciones.
La decisión fue comunicada en conferencia de prensa por el ministro de Economía, Pablo Olivares, quien sostuvo que los efectivos “van a tener un ingreso no menor a la Canasta Básica”. El funcionario reconoció que se trata de “un esfuerzo diferenciado” respecto del resto de los trabajadores estatales.
“La población deberá entender que destinaremos mayores recursos en el personal de seguridad”, afirmó Olivares, en referencia al impacto presupuestario que tendrá la medida. El anuncio se produjo en la previa del inicio de las negociaciones paritarias con los gremios estatales.
Pedido para que cesen las protestas
Por su parte, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, instó a los efectivos que aún continúan con las protestas a retomar sus funciones. “Vayan a trabajar de inmediato”, expresó durante la conferencia, al considerar que “no hay razón atendible” para mantener las medidas de fuerza tras el acuerdo alcanzado.
Si bien gran parte del personal retomó tareas y se restituyó el patrullaje habitual, algunos grupos —a los que el ministro calificó como “minoritarios”— continuaban movilizados junto a familiares y policías retirados.
Cococcioni aseguró que el Gobierno nunca se negó al diálogo, aunque condicionó las negociaciones a la normalización del servicio de seguridad. Una vez restablecido el patrullaje, se avanzó en una reunión donde se abordaron tres ejes: salarios, sanciones y mejoras en las condiciones laborales.
Levantan sanciones y prometen mejoras en salud mental
En relación a las sanciones, el Ministerio de Seguridad resolvió dejar sin efecto las medidas administrativas que habían alcanzado al menos a 30 efectivos. Los agentes fueron convocados a reincorporarse de inmediato y retomar sus funciones habituales.
Además del aumento salarial extraordinario, el Ejecutivo provincial se comprometió a reforzar los programas de salud mental y revisar el régimen horario de la fuerza, que actualmente cumple jornadas de 48 horas semanales, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales sin afectar el servicio de seguridad pública.
El acuerdo no es aún total, pero el gobierno santafesino considera que permitió descomprimir el conflicto y encauzar la discusión en un marco institucional.
