A horas del debate clave por la reforma laboral en el Senado, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expuso públicamente presiones y “amenazas” dirigidas a legisladores peronistas para impedir que acompañen el proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Según advirtió, la conducción del PJ evalúa intervenir partidos provinciales que respalden la iniciativa, profundizando la crisis interna del justicialismo.
Sáenz señaló que las advertencias no son abstractas ni aisladas, sino que se apoyan en antecedentes recientes. Recordó las intervenciones partidarias en provincias como Jujuy, Misiones y la propia Salta, que —según su visión— funcionaron como castigos políticos contra dirigentes que se apartaron de la línea dura del kirchnerismo. “Amenazan con repetir eso en otros distritos”, reveló una fuente partidaria cercana a las negociaciones.
El foco de la tensión está puesto en el bloque Convicción Federal, integrado por cinco senadores vinculados a gobernadores del interior, cuya posición resulta determinante en una votación ajustada. Aunque formalmente forman parte del bloque peronista, actúan con autonomía, mantienen diálogo con la Casa Rosada y priorizan los intereses provinciales por sobre la confrontación política.
Desde ese espacio consideran que la reforma laboral puede ser una herramienta para atraer inversiones y sostener el empleo en economías regionales golpeadas por la recesión. Esta postura pragmática choca con la estrategia del kirchnerismo, que busca unificar al peronismo en el rechazo total al proyecto y convertir la votación en un límite político para el presidente Javier Milei.
Sáenz explicitó ese malestar latente: afirmó que existe voluntad de acompañar la reforma, pero reclamó que se escuche a las provincias. En declaraciones televisivas, fue más allá y denunció que gobernadores y legisladores fueron advertidos con la intervención de sus partidos si no votan en contra. Para muchos mandatarios, perder el control del sello del PJ implica quedar políticamente desarmados en sus distritos.
En paralelo, el Gobierno nacional intensificó las negociaciones con gobernadores para asegurar los votos necesarios. En la Casa Rosada reconocen que el respaldo provincial es clave para que la reforma avance y admiten que “sin las provincias, no pasa”. Las reuniones con mandatarios del interior forman parte de una estrategia para neutralizar resistencias y consolidar apoyos.
El escenario se completa con la presión sindical: la CGT convocó a una movilización para el día de la sesión y anticipó un clima de fuerte tensión en el Congreso. Así, los legisladores quedan atrapados entre tres frentes de presión: la partidaria, la gremial y la del Ejecutivo nacional.
La votación de este miércoles será un test decisivo. Para Milei, representa su primera gran reforma estructural en un Congreso fragmentado; para el peronismo, una prueba de cohesión; y para los gobernadores, un delicado equilibrio entre supervivencia política y necesidades económicas. Como sintetizó Sáenz, “así es muy difícil trabajar”.