El Gobierno nacional da por descontado que esta semana logrará la media sanción de la reforma laboral en el Senado. En el oficialismo sostienen que cuentan con los votos necesarios para aprobar el proyecto en general y avanzar también en la votación en particular, en una sesión prevista para el miércoles, en medio de un clima de fuerte tensión política y sindical.
La Libertad Avanza confía en reunir el número necesario para habilitar el debate en la Cámara Alta y convertir la iniciativa en ley en el Senado, tras lo cual el texto pasará a Diputados, donde se anticipa una negociación más compleja. En paralelo, el Congreso afrontará una agenda cargada, que incluye también el tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El avance del proyecto se produce en un contexto de fuerte resistencia de la CGT, que anunció una movilización frente al Congreso durante la sesión. La central sindical apunta a frenar artículos puntuales de la reforma, especialmente aquellos que afectan el financiamiento de los gremios y de las obras sociales. Desde el Gobierno remarcan que la iniciativa no modifica el cálculo de las indemnizaciones, aunque sí introduce cambios de impacto en el esquema sindical.
En paralelo, la Casa Rosada mantiene negociaciones con los gobernadores para asegurar respaldo político en el Congreso. En el oficialismo sostienen que existe consenso en la necesidad de avanzar con una reforma laboral en un país con niveles de informalidad que oscilan entre el 45% y el 48%. Sin embargo, el escenario se complejiza por la postura de un grupo de mandatarios peronistas que rechazan la iniciativa.
Entre ellos se destaca el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien se posiciona como uno de los principales opositores al proyecto y construye un perfil propio de cara a las elecciones presidenciales de 2027. A diferencia de otros gobernadores, que priorizan negociaciones vinculadas al financiamiento de las cajas provinciales o a obras públicas, el mandatario bonaerense mantiene una postura de confrontación con la reforma impulsada por el Gobierno.
Durante la semana están previstos nuevos encuentros entre algunos gobernadores y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para analizar el cumplimiento de compromisos financieros de la Nación con las provincias. En paralelo, el Ejecutivo también intensificó los contactos con el sector empresario, con reuniones encabezadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el asesor presidencial Santiago Caputo.
Desde el empresariado respaldan la reforma laboral y la consideran necesaria para reducir costos y facilitar la creación de empleo, aunque advierten que no será suficiente sin una reactivación sostenida de la economía. En ese sentido, remarcan que el crecimiento de la actividad sigue siendo la condición central para generar nuevos puestos de trabajo.
El proyecto oficial apunta a modernizar las relaciones laborales y evita una desregulación extrema, según destacan desde el propio Gobierno. Entre sus puntos centrales se encuentra la incorporación del salario dinámico, que modifica el esquema de negociación colectiva al establecer los acuerdos sectoriales como techos de referencia para las actualizaciones salariales.
En paralelo, el Gobierno también impulsa la reforma del Régimen Penal Juvenil, con la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. Esa iniciativa será debatida en Diputados con el respaldo del PRO, la UCR y el massismo, mientras el kirchnerismo mantiene su rechazo a modificar el piso actual de 16 años.