La reunión que los gobernadores de distintas fuerzas políticas tenían prevista en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para coordinar una estrategia común frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional fue finalmente suspendida, en un contexto marcado por diferencias internas y falta de acuerdo entre los propios mandatarios.
El encuentro buscaba avanzar en una postura conjunta para presionar por cambios en el proyecto, especialmente en lo vinculado a la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, una medida que las provincias advierten que impactará de lleno en la coparticipación. Sin embargo, gobernadores considerados “dialoguistas” ya habían anticipado que no participarían de la cumbre, tras mantener reuniones individuales con el ministro del Interior, Diego Santilli.
Entre esos contactos hubo encuentros con mandatarios que directamente rechazan la modernización laboral, como el gobernador peronista de La Pampa, Sergio Ziliotto, lo que profundizó las diferencias y terminó desactivando la convocatoria colectiva.
El núcleo del conflicto es el artículo 190 de la reforma laboral, que propone una reducción de la alícuota del impuesto a las sociedades: del 30% al 27% en el tramo 2 y del 35% al 31,5% en el tramo 3. Según estimaciones de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), la medida implicaría una pérdida de $3,18 billones en la coparticipación provincial, aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que el impacto real sería de aproximadamente la mitad.
Ante este escenario, los gobernadores buscan negociar algún mecanismo de compensación que permita amortiguar la caída de recursos, a cambio de garantizar el respaldo legislativo al proyecto en el Congreso. La intención es que ese instrumento quede incorporado en la ley y tenga alcance uniforme para todas las provincias, aunque por ahora las diferencias internas impiden una estrategia común.