El ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, volvió a defender el rumbo de la política social del Gobierno provincial en medio de un contexto de creciente vulnerabilidad en Corrientes. Tras una reunión de trabajo con el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, el funcionario aseguró que la política social es “una oportunidad, inclusión e integración”, aunque evitó referirse a los límites presupuestarios y a la presión cada vez mayor sobre los programas de asistencia.
“En el Ministerio pensamos que la política social es una oportunidad, es inclusión, es integración; no solo asistencialismo”, afirmó Irigoyen, en un discurso que contrasta con la realidad de numerosos sectores que reclaman respuestas más urgentes ante el aumento de la demanda social y la precarización de ingresos.
El ministro explicó que su cartera apunta a revisar, consolidar y ampliar programas existentes, priorizando aquellos que, según sostuvo, han mostrado resultados positivos. Sin embargo, no precisó qué iniciativas se reforzarán ni con qué recursos, en un escenario donde organizaciones sociales advierten sobre la saturación del sistema de ayuda estatal.
Irigoyen también destacó la articulación con otras áreas del Ejecutivo provincial como una estrategia para “ordenar prioridades y optimizar recursos”, una expresión que vuelve a aparecer en el discurso oficial en momentos en que el ajuste y la falta de fondos condicionan la capacidad de respuesta del Estado.
En relación a los adultos mayores, el funcionario confirmó la continuidad de los programas vigentes y la incorporación de nuevas propuestas, aunque reconoció que como sociedad “no siempre se le da la importancia que merece” a este sector. La afirmación se da mientras jubilados y pensionados enfrentan ingresos deteriorados y mayores dificultades para sostener sus gastos básicos.
Finalmente, Irigoyen remarcó la necesidad de generar espacios de recreación y entretenimiento para las personas mayores, planteando un abordaje integral que, según expresó, debería involucrar tanto al Estado como a las familias. No obstante, volvió a quedar sin respuesta concreta cómo se traducirá este enfoque en mejoras reales para quienes hoy dependen de la asistencia pública.