La decisión del Gobierno de demorar la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Indec empieza a generar efectos concretos sobre los ingresos de millones de personas y sobre variables centrales de la economía. Especialistas advierten que mantener las ponderaciones de consumo de 2004 —cuando ya existe una Encuesta de Gastos de Hogares más reciente— implica subestimar la inflación real y distorsionar indicadores clave como el PBI y la pobreza.
El IPC es la referencia directa para la actualización de jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas sociales. También incide en las paritarias salariales y en instrumentos financieros ajustados por inflación. Al utilizar un índice con menor peso de los servicios —que hoy aumentan por encima del promedio— el resultado es una inflación medida más baja que la que reflejaría el consumo real de los hogares.
Según explicó Alejandro Barrios, exdirector del Indec, las ponderaciones de la Encuesta de Gastos de Hogares 2017/18 están disponibles desde hace años y ya se aplican, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. La postergación a nivel nacional responde, señaló, a la decisión política de no modificar el índice en un contexto de fuertes aumentos en tarifas de servicios regulados, que en la nueva canasta tienen un peso significativamente mayor.
En términos macroeconómicos, la subestimación del IPC tendrá consecuencias a futuro. Cuando se realicen las correcciones estadísticas, el Producto Bruto Interno (PBI) real será recalculado a la baja, ya que al deflactar con una inflación más alta, los crecimientos informados hoy podrían reducirse o incluso transformarse en caídas. El efecto inverso se dará en los índices de pobreza: con ingresos reales menores y canastas más caras, los niveles de pobreza resultarán más altos que los actuales.
El impacto inmediato se siente en los ingresos. Jubilaciones, pensiones y AUH se actualizan según la inflación pasada, por lo que un IPC más bajo implica aumentos menores. Lo mismo ocurre con los salarios, en la medida en que las negociaciones paritarias se basen en un índice que luego se demuestre que no reflejaba el verdadero aumento del costo de vida.
Además, la situación podría abrir conflictos legales y financieros, especialmente con tenedores de bonos ajustados por CER o créditos indexados por UVA, ambos atados al IPC. Para Claudio Lozano, exdiputado nacional, la decisión “explicita una manipulación política de la estadística pública” y profundiza inconsistencias que ya se venían observando en indicadores sociales y laborales.