La situación económica en Corrientes atraviesa uno de sus momentos más delicados y la decisión del gobernador Juan Pablo Valdés de frenar los aumentos salariales para los empleados estatales encendió una fuerte tensión con los sindicatos. Con municipios al borde de la quiebra y una caída sostenida de recursos, el escenario provincial se vuelve cada vez más complejo.
El mandatario fue contundente al admitir que, por el momento, “no hay margen para aumentos salariales”, y justificó la medida en la fuerte caída de la coparticipación federal y en una millonaria deuda que, según afirmó, el Gobierno nacional mantiene con la provincia. De acuerdo a Valdés, Nación adeuda a Corrientes cerca de 250 mil millones de pesos en concepto de consenso fiscal, un monto que condiciona cualquier posibilidad de mejora salarial.
Aunque intentó mostrar control de la situación, el propio gobernador reconoció que las cuentas provinciales están “equilibradas, aunque al límite”, una definición que lejos de llevar tranquilidad reforzó la preocupación entre los trabajadores estatales. En particular, el sector docente reaccionó con malestar, ya que el ciclo lectivo en Corrientes comenzará el 2 de marzo y los gremios venían reclamando la apertura urgente de paritarias para no seguir perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación.
Tras una reunión con la ministra de Educación, Ana Miño, Valdés evitó dar precisiones sobre fechas o porcentajes y se limitó a repetir que “lo estamos trabajando”. Sin embargo, dejó en claro que sin una recuperación de los fondos federales o un mayor envío de recursos desde Buenos Aires, los salarios estatales seguirán congelados.
El conflicto salarial se da en un contexto aún más crítico: los 74 municipios de Corrientes atraviesan una profunda crisis financiera y administrativa. Cesaciones de pagos, emergencias económicas, balances cuestionados y falta de transparencia se repiten en distintos distritos, mientras el discurso oficial insiste en un supuesto equilibrio fiscal que no se refleja en la realidad cotidiana.
Según denuncias internas y relevamientos locales, hay comunas con cheques sin respaldo, cajas vacías al cierre de las gestiones y maniobras irregulares que habrían sido toleradas por afinidades políticas. El efecto dominó de la insolvencia municipal ya alcanza a toda la provincia y amenaza con agravarse.
Incluso en ciudades que muestran una aparente estabilidad institucional, como Corrientes Capital, Goya, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros o Ituzaingó, se detectan cesaciones de pagos encubiertas, balances maquillados y un manejo discrecional de los recursos públicos durante las transiciones de gobierno.
La lista de casos preocupantes es extensa: en Mburucuyá se denunciaron cheques desaparecidos; en Santa Rosa, la presunta pérdida de talonarios y transferencias de último momento; en Virasoro, una emergencia económica y financiera con pagos suspendidos durante años; en Paso de la Patria, denuncias por malversación y caja en cero; y en Mercedes, acciones judiciales contra la gestión anterior y anuncios de recortes por falta de fondos.
Con salarios congelados, sindicatos en alerta y municipios al borde del colapso, Corrientes enfrenta una combinación explosiva que pone en duda el relato oficial y deja al descubierto una crisis estructural que ya no puede ocultarse.