El Gobierno nacional sigue con cautela el anuncio de una ley de amnistía general en Venezuela y condiciona cualquier contacto formal con Caracas a que la iniciativa se concrete. En la Casa Rosada aseguran que recién en ese escenario se abrirán canales institucionales para avanzar en la situación de los argentinos detenidos, con especial foco en el caso del gendarme Nahuel Gallo.
Desde el Ejecutivo remarcan que no habrá movimientos diplomáticos hasta que existan hechos concretos. “Hasta que no suceda, vamos a esperar con prudencia”, señalan fuentes oficiales. En Balcarce 50 mantienen un fuerte hermetismo sobre los avances de la transición venezolana y ponen la lupa sobre las internas dentro de la gestión que encabeza Delcy Rodríguez, lo que refuerza la decisión de no activar gestiones desde la Cancillería por el momento.
El anuncio de la amnistía fue realizado por la presidenta interina, quien anticipó el envío al Parlamento de un proyecto con carácter de urgencia que también incluiría el cierre del penal de El Helicoide. La iniciativa, que aún no cuenta con un texto definitivo, excluiría delitos graves y deberá atravesar el trámite legislativo en una Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Es un proceso que el Gobierno argentino sigue de cerca, aunque con escepticismo.
En el oficialismo ponen en duda tanto la voluntad política como la capacidad real de la administración venezolana para avanzar con liberaciones. Según reconocen, los pocos progresos registrados hasta ahora se produjeron bajo presión directa de Estados Unidos. En ese sentido, en la Casa Rosada toman como principal indicador de avance el cumplimiento de compromisos asumidos por Caracas con Washington.
El Gobierno argentino sostiene que, por ahora, no reconoce a la administración de Rodríguez como una gestión regular y ratifica que no habrá normalización del vínculo bilateral mientras haya ciudadanos argentinos privados de la libertad en Venezuela. Esa línea fue fijada por el propio presidente, que mantiene cerrada la embajada y evita cualquier gesto institucional sin resultados verificables.
La estrategia oficial se apoya en información suministrada por países aliados con presencia diplomática y capacidad de inteligencia en Caracas, entre ellos Estados Unidos, Israel e Italia. Actualmente, la representación diplomática argentina en Venezuela está a cargo de Italia, luego de que Brasil dejara de cumplir ese rol a comienzos de enero en medio de tensiones bilaterales.
En el Ejecutivo reconocen que no esperan una liberación en el corto plazo de los argentinos detenidos y advierten que el proceso podría demorar más de lo previsto. “Todo depende de cuánto acelere Estados Unidos”, admiten. Mientras tanto, la Cancillería mantiene la recomendación de no viajar a Venezuela y continúa elevando el reclamo en foros internacionales, en un contexto político que consideran todavía abierto y sin resolución de fondo en el corto plazo.