La licitación para la provisión de caños destinados a un gasoducto de 480 kilómetros entre Vaca Muerta y el puerto de San Antonio Oeste desató un fuerte cortocircuito entre el gobierno de Javier Milei y el Grupo Techint, luego de que la empresa quedara fuera del proceso y anticipara una denuncia por dumping que finalmente no se concretó.
El conflicto se originó cuando Southern Energy, el consorcio a cargo de la obra, eligió la oferta de la compañía india Welspun y descartó la presentada por Tenaris, la firma del grupo Techint especializada en la fabricación de tubos. La decisión generó un inmediato rechazo por parte del conglomerado argentino, que deslizó públicamente la posibilidad de iniciar una denuncia antidumping al considerar que la empresa ganadora habría incurrido en competencia desleal.
Según trascendió, Techint evaluó presentar una medida ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior al sostener que Welspun utilizó chapa de origen chino para fabricar los caños, lo que le habría permitido ofrecer precios considerablemente más bajos que los habituales del mercado. Sin embargo, con el paso de los días, la denuncia no fue formalizada y quedó como un amague que derivó en un fuerte cruce político con el oficialismo.
Desde el Gobierno descartaron de plano los planteos de Techint y defendieron la adjudicación. En el entorno presidencial remarcaron que aceptar la oferta de Tenaris habría implicado pagar valores sustancialmente más altos. “No vamos a pagar más caros los caños”, señalaron fuentes oficiales, dejando en claro que no habría respaldo estatal para una eventual presentación antidumping.
El primero en pronunciarse públicamente fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien afirmó que la propuesta de Tenaris era hasta un 40% más cara que la ganadora. Según explicó, optar por esa alternativa habría reducido la rentabilidad del proyecto, afectado futuras inversiones y trasladado mayores costos a empresas y consumidores, en un contexto de precios del gas regulados.
Sturzenegger también rechazó el pedido de Techint para acceder al mecanismo de “first refusal”, que le hubiese permitido igualar la oferta de Welspun. Argumentó que habilitar esa posibilidad habría distorsionado futuros procesos licitatorios y atentado contra la competencia entre oferentes.
Más tarde, el propio presidente Javier Milei se sumó a las críticas, defendió la apertura de importaciones y cuestionó a quienes se oponen a esa política, a quienes vinculó con intereses corporativos. Incluso, apuntó de manera directa contra Paolo Rocca, principal referente del grupo empresario, con declaraciones que profundizaron el enfrentamiento.
Desde Techint evitaron una confrontación directa y aseguraron que continuaban trabajando en la documentación técnica necesaria para una eventual denuncia. No obstante, fuentes del sector remarcaron que este tipo de presentaciones suelen realizarse de manera inmediata, lo que alimentó la percepción de que la amenaza no se concretaría.
En cuanto al proceso licitatorio, Southern Energy recibió 15 ofertas de empresas de distintos países, de las cuales seis cumplieron los requisitos técnicos. Welspun fue seleccionada por presentar la propuesta más competitiva, valuada en USD 203 millones, con condiciones de pago y garantías más flexibles. La oferta de Tenaris resultó la más elevada entre los finalistas, con una diferencia de aproximadamente USD 90 millones.
Aunque la empresa argentina realizó una rebaja posterior, su propuesta continuó muy por encima de la ganadora y fue presentada fuera de los plazos establecidos. El consorcio adjudicó formalmente la obra el 23 de diciembre por unanimidad de sus accionistas y rechazó posteriores intentos de modificación por parte de Tenaris, al considerar que vulneraban el principio de igualdad entre los participantes.
De este modo, el conflicto quedó marcado por una denuncia que fue anunciada pero nunca presentada, y que terminó profundizando la tensión entre el Gobierno y uno de los grupos industriales más importantes del país.