Tras una intensa gira por seis provincias, el ministro del Interior, Diego Santilli, logró sumar respaldos clave de gobernadores para el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y encendió el optimismo en la Casa Rosada. Aunque varios mandatarios mantienen definiciones abiertas como parte de la negociación política, en el oficialismo destacan que no hubo rechazos explícitos por parte de los aliados habituales ni de los sectores dialoguistas, lo que refuerza la expectativa de aprobar la iniciativa en el Congreso.
Uno de los encuentros más claros fue el que Santilli mantuvo con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien expresó públicamente un “apoyo contundente” al proyecto de modernización laboral y sostuvo que la iniciativa permitirá ampliar derechos e incorporar trabajadores al empleo formal. Un día antes, el funcionario nacional había visitado Neuquén, donde el gobernador Rolando Figueroa evitó una definición tajante, aunque aseguró que acompañará toda medida que impulse el desarrollo productivo. En ese marco, volvió a reclamar una deuda de alrededor de USD 200 millones que Nación mantiene con la caja previsional provincial y advirtió que evaluará el impacto concreto de la reforma en su distrito.
En cada una de las reuniones, Santilli repitió que la reforma apunta a generar empleo privado, mejorar la productividad y atraer inversiones. Sin embargo, en casi todas las provincias surgieron cuestionamientos sobre los artículos 190 y 191 del proyecto, que reducen alícuotas de impuestos como Ganancias y podrían afectar la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias, estimada en cerca de un billón de pesos.
Desde el Gobierno explican que la rebaja de Ganancias tendrá un costo fiscal del 0,65% del PBI, de los cuales el 0,5% recaerá sobre Nación y el 0,15% sobre las provincias. A su vez, sostienen que ese impacto será compensado por el crecimiento de la actividad y la formalización de unos 400.000 trabajadores. Dentro del propio oficialismo conviven posturas distintas: mientras figuras como Patricia Bullrich y Santiago Caputo se muestran dispuestas a hacer concesiones, el ministro de Economía, Luis Caputo, prefiere sostener el texto original.
En el Senado, el oficialismo parte de un piso de 21 votos propios, a los que se suman tres del PRO. También cuenta con el acompañamiento de la UCR, que apoyó el dictamen en comisión. En ese bloque se cuentan siete senadores alineados con gobernadores y otros tres que responden a provincias donde el radicalismo es oposición. En total, el Gobierno ya contabiliza 34 votos afirmativos y necesita al menos tres más para alcanzar el quórum de 37.
Para completar ese número, las negociaciones apuntan a los bloques provinciales y aliados circunstanciales. Entre ellos aparecen senadores de Chubut, Salta, Neuquén, Santa Cruz y Misiones, además de posibles respaldos del peronismo no kirchnerista, como los representantes de Catamarca y Tucumán. En el oficialismo estiman que, con estos apoyos, la votación en general podría superar los 40 votos positivos.
En la Cámara de Diputados, el escenario es más ajustado. La Libertad Avanza cuenta con 95 votos propios, a los que se suman 12 del PRO y dos del MID, alcanzando un total de 109. Para abrir el recinto necesita 129, por lo que aún debe sumar al menos 20 voluntades. Según los cálculos del oficialismo, ya tendría asegurados cinco votos adicionales de Salta y San Juan, más siete del radicalismo, lo que eleva el número a 121.
A ese esquema se sumarían los peronistas disidentes de Tucumán y Catamarca, que suelen acompañar las iniciativas clave del Gobierno, dejando al Ejecutivo a las puertas del quórum. Las negociaciones finales apuntan a provincias aliadas como Misiones, Neuquén, Santa Cruz y San Luis, cuyos votos podrían terminar de inclinar la balanza.
Mientras avanza el debate, varias provincias mineras siguen de cerca el tratamiento de la reforma laboral en paralelo con otros proyectos sensibles, como la posible modificación de la Ley de Glaciares, que ampliaría el margen de decisión de los gobiernos locales sobre emprendimientos productivos. En ese contexto, la gira de Santilli aparece como una pieza central de la estrategia política para garantizar los apoyos necesarios y encaminar una de las reformas estructurales más relevantes del oficialismo.