La provincia de Corrientes recibió a lo largo de la tercera semana de enero más de $160.996 millones en concepto de coparticipación federal, una cifra que marca un fuerte ingreso de recursos aun en un mes que históricamente se caracteriza por ser el de menor flujo desde Nación hacia las provincias.
Según datos oficiales, los envíos se aceleraron de manera significativa en los últimos días, al punto de cuadruplicarse en apenas una semana, consolidando un volumen de fondos que engrosa las arcas del Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial mientras persisten definiciones clave sin resolver.
El dato contrasta con la situación de los trabajadores estatales correntinos, cuyos salarios permanecen congelados desde mediados de 2025. El último incremento se otorgó en agosto del año pasado y fue del 12%, sin nuevas actualizaciones desde entonces. En diciembre, el Gobierno provincial volvió a recurrir al bono navideño de $500.000, el mismo monto que se paga sin cambios desde 2023, cuya última cuota de $200.000 recién se completará en febrero.
Pese al sostenido ingreso de fondos nacionales, no hay anuncios oficiales sobre mejoras salariales, en una coyuntura marcada por la inflación acumulada y el aumento del costo de vida. Como ocurre en otras provincias, el ajuste sigue recayendo sobre los ingresos de los empleados públicos, mientras las definiciones se postergan.
En el ámbito gubernamental, la expectativa está puesta en los meses previos al inicio del ciclo lectivo. Algunas versiones indican que podría evaluarse algún tipo de recomposición antes de marzo, aunque por el momento no hay confirmaciones ni fechas concretas, y la señal dominante es la espera.
Así, mientras la coparticipación sigue fluyendo y los recursos se acumulan, la política salarial continúa en pausa, profundizando el malestar entre los trabajadores estatales y dejando abierto el interrogante sobre el destino de fondos que llegan en tiempo y forma a la provincia.