Sectores de la CGT comenzaron a reclamar una medida de fuerza contra el proyecto de reforma laboral que el Gobierno nacional busca debatir en el Senado a comienzos de febrero. La presión proviene principalmente de gremios industriales y del transporte, que esta semana mantendrán reuniones para evaluar una movilización en rechazo a los cambios propuestos.
El Ejecutivo libertario impulsa el tratamiento de la denominada “modernización laboral”, una iniciativa que genera fuertes resistencias dentro del sindicalismo. Desde la conducción de la CGT, los triunviros señalaron que el objetivo central es dialogar con gobernadores y legisladores para evitar una aprobación automática del proyecto y avanzar en modificaciones al texto original.
Sin embargo, no todos los sectores de la central obrera comparten esa estrategia. Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) convocaron a un encuentro para esta semana con la intención de organizar una movilización contra la reforma, ante lo que consideran una amenaza a los derechos laborales. La postura también es acompañada por otros gremios industriales como Smata.
Aunque el paro y la movilización no forman parte del eje central del discurso de los nuevos secretarios generales, ambos instrumentos fueron mencionados en distintas oportunidades como posibles respuestas ante el avance de la iniciativa oficial. Las declaraciones públicas de los dirigentes dejaron entrever esas opciones, aunque siempre en un segundo plano.
El debate interno no es nuevo. Incluso antes de la renovación de autoridades de la CGT ya se advertía la existencia de un bloque de sindicatos que reclamaban una postura más confrontativa frente al gobierno de Javier Milei. Para ese sector, la cercanía del tratamiento legislativo acelera la necesidad de una acción directa, sin esperar definiciones del consejo directivo.
La convocatoria apunta a una posible movilización entre el 10 y el 11 de febrero, fechas tentativas para el debate del proyecto en el Senado. En los últimos días se sumaron gremios del transporte, que cuestionan el retiro del Estado en áreas clave como infraestructura vial, ferroviaria y aérea, además del impacto de la apertura de importaciones sobre la industria nacional.
Pese a estas presiones, en la conducción de la CGT prevalece por ahora una estrategia basada en el diálogo político y la vía judicial. La intención es negociar cambios al proyecto más que impulsar su rechazo total, bajo la premisa de que el oficialismo no contaría con los votos suficientes para aprobar la reforma sin modificaciones.
En paralelo, el Gobierno intensificó las gestiones políticas y envió al ministro del Interior, Diego Santilli, a negociar apoyos con gobernadores aliados, un movimiento que la central obrera sigue con atención. El resultado de las reuniones previstas para esta semana será clave para definir si la CGT mantiene su línea dialoguista o avanza hacia una protesta de alcance nacional.