La Argentina atraviesa uno de los litigios internacionales más sensibles de su historia reciente por la expropiación de YPF. Mientras espera una definición de la apelación en segunda instancia del fallo que condenó al país a pagar US$16.000 millones, el Gobierno acusó a los beneficiarios de la sentencia de ejercer hostigamiento judicial en el marco del proceso.
La denuncia fue realizada por la Procuración del Tesoro, que conduce la defensa argentina ante la Justicia estadounidense. Según explicaron fuentes oficiales, los demandantes —financiados por el fondo Burford Capital— insisten en avanzar con medidas de cobro mientras se tramita la apelación, pese a que el país aún no depositó las garantías exigidas.
En ese contexto, los beneficiarios del fallo impulsan una etapa de discovery en la que reclaman la entrega de chats, correos electrónicos y mensajes privados de funcionarios actuales y pasados, con el objetivo de probar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas funcionan como “alter ego” del Estado argentino y así poder avanzar sobre sus activos.
Desde el Gobierno sostienen que este requerimiento viola principios básicos del derecho internacional. “Se trata de un intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano y sus funcionarios”, afirmaron fuentes oficiales, que remarcaron que muchas de las comunicaciones solicitadas son de carácter privado y requieren el consentimiento expreso de las personas involucradas.
La Procuración aclaró además que la Argentina no se encuentra en desacato, como sugieren los demandantes, y que está cumpliendo con las órdenes judiciales vigentes. En ese sentido, indicaron que se realizaron entregas parciales y periódicas de la información relevada, mientras se gestionan las autorizaciones necesarias para avanzar con el resto.
El Gobierno también informó que apeló la orden de la jueza Loretta Preska que exige la entrega de comunicaciones personales, por considerarla ilegítima tanto bajo el derecho argentino como el estadounidense. Según la interpretación oficial, la presión judicial responde a una estrategia para desviar la atención del escenario adverso que atraviesa el litigio, en paralelo a la fuerte caída que registraron este año las acciones de Burford Capital.
Las fechas clave del juicio en 2026
En cuanto a los próximos pasos, aún no hay una fecha definida para el fallo de la apelación principal. Algunos analistas estiman que podría resolverse en los primeros meses de 2026, mientras que el fondo Burford proyecta que el proceso podría extenderse hasta 2027.
Respecto al discovery para determinar posibles “alter ego” del Estado argentino, la jueza Preska fijó el siguiente cronograma:
- 15 de enero: presentación de argumentos de los demandantes.
- 19 de febrero: respuesta de la Argentina.
- 5 de marzo: réplica de los beneficiarios del fallo.
- 23 y 24 de marzo: audiencia probatoria prevista para 2026.