A pocas horas de dejar el Gobierno provincial, el exgobernador Gustavo Valdés firmó el decreto N° 2441, mediante el cual creó una nueva estructura de inteligencia criminal en Corrientes. Aunque la norma fue publicada oficialmente el 19 de diciembre, su firma se concretó el día previo al traspaso de mando y pasó casi inadvertida en medio del recambio institucional.
El decreto establece la creación de la Agencia Especial de Inteligencia, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la provincia. Según el organigrama oficial, el nuevo organismo estará integrado por efectivos de la Policía de Corrientes y contará con un grupo especial de intervención en terreno, orientado a procedimientos de alto riesgo vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.
La decisión de avanzar con una estructura de estas características en la antesala del cambio de gobierno generó cuestionamientos por el momento elegido y por el alcance de las facultades otorgadas a un organismo de inteligencia creado sin debate público previo.
La Ciope, el brazo operativo
El artículo 11 del reglamento da origen a la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), que dependerá de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal de Narco Crimen, Delitos Conexos y Crimen Organizado. Su función será ejecutar operativos en el marco de investigaciones penales, siempre bajo orden judicial.
Entre sus atribuciones, la Ciope podrá realizar allanamientos especiales, intervenir en el derribo de bunkers, investigar en zonas vulnerables y en mercados abiertos de drogas, aplicar técnicas especiales de investigación previstas por la legislación provincial y cumplir otras tareas que disponga la Justicia en causas de narcocrimen.
El decreto también fija restricciones formales: se prohíbe integrar la Ciope a personas con antecedentes por delitos de lesa humanidad, violaciones a los Derechos Humanos, condenas por delitos dolosos o inhabilitaciones internas. Sin embargo, la amplitud del esquema de inteligencia y la creación de un cuerpo operativo especializado reavivaron el debate sobre los controles políticos y judiciales de este tipo de agencias.
Las áreas encargadas de recolectar y procesar información deberán extremar medidas de confidencialidad y protección de identidades, un punto especialmente sensible en un sistema de inteligencia que, por su diseño y atribuciones, abre un nuevo capítulo en la política de seguridad provincial.