La Justicia federal dio un nuevo paso en la investigación que involucra a Sur Finanzas, la firma ligada al entorno de Claudio “Chiqui” Tapia. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, procesó a la tesorera de la empresa y a dos custodios por el delito de encubrimiento agravado, tras ser sorprendidos retirando computadoras y documentación de un galpón ubicado en la localidad bonaerense de Turdera.
La decisión judicial alcanzó a Micaela Sánchez, tesorera de la financiera, y a Sergio Da Silveira y Juan Cervín, quienes cumplían tareas de custodia. Los tres habían sido detenidos días atrás cuando intentaban trasladar equipos informáticos y papeles que, según la investigación, iban a ser eliminados para ocultar información relevante en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. Además, el magistrado dispuso que continúen detenidos bajo el régimen de prisión domiciliaria mientras avanza el expediente.
El operativo se realizó en un depósito situado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 11.800, donde la Justicia había ordenado una consigna policial ante movimientos sospechosos. Allí, efectivos detectaron la salida de una camioneta Toyota 4×4 conducida por Sánchez y acompañada por los dos custodios. Tras un seguimiento fallido, el vehículo regresó al galpón y las tres personas quedaron demoradas.
Durante el procedimiento, la policía secuestró seis teléfonos celulares, abundante documentación, expedientes y el CPU de una computadora. En el interior del inmueble también se hallaron computadoras, cajas fuertes tipo bóveda, cajeros automáticos y una gran cantidad de papeles vinculados a la operatoria de Sur Finanzas.
Con esos elementos, el juez Armella consideró acreditado que los imputados intentaron ocultar pruebas clave y avanzó con los procesamientos. En paralelo, autorizó la apertura y análisis de los celulares secuestrados y ordenó la revisión del material incautado, con intervención de la fiscal federal Cecilia Incardona, la PROCELAC y la División de Delitos Complejos de la Policía Federal.
La investigación principal busca determinar si Sur Finanzas, propiedad del empresario Ariel Vallejo —cercano al presidente de la AFA—, fue utilizada como una estructura para el lavado de dinero mediante préstamos inflados a clubes de fútbol con dificultades económicas. Entre la documentación secuestrada figuran contratos con clubes de primera división, de ascenso, la AFA y la Liga Profesional, por montos millonarios.
En su declaración, Sánchez afirmó que se desempeñaba como contadora y tesorera de la firma y que recibió la orden de retirar computadoras y papeles, aunque se negó a precisar quién impartió esa instrucción. Tras su detención, la Justicia también allanó su domicilio, donde encontró más material de interés para la causa y las llaves de las cajas fuertes del galpón.
Hasta el momento, el expediente acumula seis allanamientos, más de 50 teléfonos secuestrados y una extensa documentación que ahora será analizada para reconstruir el circuito financiero bajo sospecha.