El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un fuerte malestar en el Gobierno nacional, que considera que el texto finalmente aprobado no es consistente con el objetivo central de equilibrio fiscal que impulsa la administración de Javier Milei. En particular, en el oficialismo cuestionan que no se haya avanzado en la derogación de dos leyes que, según su mirada, consolidan compromisos de gasto difíciles de compatibilizar con el superávit.
Desde la Casa Rosada apuntan al rechazo del Capítulo 11 del proyecto, que contemplaba la eliminación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad. Para el Ejecutivo, la permanencia de ambas normas implica obligaciones presupuestarias que condicionan la política fiscal y obligan a administrar con márgenes mucho más estrechos.
Fuentes oficiales señalaron tras la sesión que “este presupuesto no les sirve” y que el resultado final obliga al Presidente a gestionar un esquema que, a su entender, no refleja el mandato de orden fiscal expresado en las urnas. En ese sentido, interpretan que la decisión de bloquear ese capítulo tuvo como objetivo forzar al Gobierno a convivir con un presupuesto que podría derivar en déficit.
El oficialismo sostiene que las leyes que continúan vigentes imponen gastos incompatibles con la hoja de ruta económica y remarcan que parte del arco opositor y algunos aliados provinciales “no interpretaron el mensaje de la sociedad”, que —según su lectura— votó equilibrio, disciplina fiscal y el fin del déficit estructural.
La votación también dejó al descubierto fisuras en el mapa de apoyos parlamentarios. Al rechazo del Capítulo 11 se sumaron legisladores que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo, Gustavo Valdés, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Rolando Figueroa, además de un pequeño grupo de radicales dialoguistas. Ese movimiento generó preocupación en el Ejecutivo, que comenzó a diferenciar actitudes entre los distintos aliados provinciales.
En contraposición, desde el Gobierno destacaron el comportamiento de los gobernadores nucleados en Provincias Unidas, quienes —según señalaron— cumplieron el acuerdo político alcanzado previamente: dar quórum, acompañar la votación en general del Presupuesto y ausentarse de manera coordinada al momento de debatir el capítulo más conflictivo. “Cumplieron en todos los términos del acuerdo”, remarcaron desde el oficialismo.
A pesar de las tensiones y de lo que en Balcarce 50 califican como “varias derrotas consecutivas” en la Cámara baja, el Gobierno logró uno de sus objetivos principales: la aprobación del Presupuesto 2026 en general, que obtuvo 132 votos afirmativos. Ese respaldo fue posible gracias al acompañamiento del PRO, sectores del radicalismo dialoguista y espacios políticos vinculados a los gobernadores Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Rogelio Frigerio y Hugo Passalacqua.
Sin embargo, en el Ejecutivo insisten en que el resultado final dejó un esquema que no se ajusta plenamente a la estrategia fiscal que impulsa Milei. “Este presupuesto no es el que queríamos”, repiten en el oficialismo, aunque destacan que la aprobación en general evita un escenario de mayor incertidumbre institucional.
La postura del Gobierno se mantiene sin matices: sostienen que no habrá marcha atrás en la política de equilibrio fiscal y advierten que cualquier intento de reinstalar el déficit choca con el rumbo que, aseguran, ya eligió la Argentina.