La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley impulsado por el oficialismo que introduce el principio de “inocencia fiscal”, una iniciativa que propone cambios de fondo en el régimen penal tributario, en los procedimientos de fiscalización y en la forma de declarar el Impuesto a las Ganancias. Aunque en el debate público suele asociarse a los llamados “dólares del colchón”, el texto aprobado no establece un blanqueo de capitales ni crea un mecanismo de exteriorización de activos no declarados.
La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo a comienzos de junio y se aprobó junto con el Presupuesto 2026. Según el planteo oficial, el objetivo central es simplificar controles, reducir la carga administrativa y limitar la persecución penal a los casos de mayor gravedad, bajo la premisa de que el contribuyente debe ser considerado cumplidor salvo que exista prueba concreta en contrario.
El principio de inocencia fiscal implica un cambio de enfoque en la administración tributaria. En lugar de partir de la presunción de evasión, el proyecto busca focalizar la fiscalización en conductas dolosas o incumplimientos relevantes, promoviendo el cumplimiento voluntario. En esa línea, un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, señala que la iniciativa apunta a recuperar la confianza en el sistema tributario y a generar un esquema más eficiente y equitativo.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la reforma del Régimen Penal Tributario. Se actualizan los montos mínimos que determinan cuándo una infracción pasa del ámbito administrativo al penal, ajustándolos por la inflación acumulada desde 2017. Además, se mantiene la posibilidad de evitar la denuncia penal si el contribuyente cancela la totalidad de la deuda y los intereses antes de que el fisco formalice la acusación, beneficio que puede utilizarse una sola vez.
El texto también establece que no debe iniciarse una denuncia penal cuando no pueda acreditarse dolo, como en los casos en que se haya aplicado un criterio interpretativo fundado o cuando la declaración jurada haya sido presentada antes de una fiscalización. A su vez, se dispone que la acción penal se extinguirá si prescriben las facultades del Estado para determinar o exigir el tributo, alineando los plazos administrativos y penales.
En materia de procedimientos, el proyecto reduce los plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores, que pasan de cinco a tres años, y elimina la suspensión automática de la prescripción por el inicio de una determinación de oficio. También se prevé una fuerte reducción de multas administrativas para personas humanas y pymes, con rebajas que pueden alcanzar hasta el 90%, siempre que no se trate de grandes contribuyentes.
Otro punto destacado es la creación de un régimen opcional de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas, destinado a quienes tengan ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. En este esquema, la declaración será confeccionada por la administración tributaria en base a la información disponible, y quienes paguen en término quedarán liberados de otras obligaciones formales, salvo que se detecten inconsistencias graves.
En este régimen simplificado, el organismo fiscal no podrá utilizar incrementos patrimoniales o gastos no justificados como presunción automática de evasión. La fiscalización deberá basarse en pruebas concretas y directas, aunque el Estado conserva la potestad de investigar y sancionar cuando existan discrepancias relevantes.
Respecto de los llamados “dólares del colchón”, el propio proyecto y los informes técnicos aclaran que no se trata de un blanqueo de capitales. El eventual impacto sobre ahorros no declarados sería indirecto, al reducir el peso de las presunciones patrimoniales y acotar los controles automáticos, sin eliminar las facultades de control del fisco.
El Ieral advierte que la efectividad de la iniciativa dependerá de una transformación profunda del organismo recaudador, con mayor inversión en tecnología y uso estratégico de la información. Sin esos cambios, señalan, el nuevo marco legal podría no alcanzar los objetivos planteados.
Con esta media sanción, el proyecto de Inocencia Fiscal avanza en el Congreso y abre un debate más amplio sobre el rol del Estado en el control tributario y la relación con los contribuyentes, en un contexto de búsqueda de mayor previsibilidad y simplificación del sistema impositivo.