El oficialismo libertario intenta reencauzar en el Senado el tratamiento de la reforma laboral, uno de los proyectos centrales de la agenda de Javier Milei, pero el escenario legislativo aparece cargado de obstáculos. A pocos días del cierre del período extraordinario, La Libertad Avanza aún no logró conformar las comisiones necesarias para iniciar formalmente el debate y el margen para avanzar se reduce a contadas jornadas antes del 30 de diciembre.
La estrategia del Ejecutivo contempla la realización de tres plenarios de comisiones, la posible incorporación del Presupuesto 2026 al temario y una sesión antes de fin de mes. En ese marco, en la Casa Rosada no descartan convocar al recinto el sábado 27 o, como alternativa, el lunes 29 de diciembre. El problema central es político: con 21 senadores propios, el oficialismo todavía necesita sumar al menos 16 voluntades para alcanzar el quórum, una negociación compleja en un Senado atravesado por tensiones internas y reclamos cruzados.
El primer paso clave está previsto para el martes, cuando en la reunión de Labor Parlamentaria se intentará acordar la integración de las comisiones de Trabajo —que actuará como cabecera— y de Presupuesto y Hacienda. Sin ese aval, el proyecto no puede comenzar su recorrido formal. Incluso dentro del oficialismo reconocen que los tiempos son ajustados y que el ritmo de trabajo que se pretende imponer despierta resistencias.
Si se supera ese escollo, la intención libertaria es convocar a reuniones de comisión durante miércoles, jueves y viernes para analizar el texto y emitir dictamen. Sin embargo, la oposición ya dejó en claro que no habilitará el tratamiento sobre tablas, lo que obliga a respetar los plazos reglamentarios y dificulta cualquier intento de sanción exprés. Un eventual acuerdo para adelantar los tiempos, evaluado semanas atrás, quedó descartado.
A este escenario se suma la discusión del Presupuesto 2026. En Diputados se proyecta una sesión para la próxima semana y, de obtener media sanción, el texto debería pasar rápidamente al Senado, superponiéndose con el debate laboral. La combinación de ambas iniciativas incrementa la presión sobre una Cámara alta donde el desgaste político empieza a sentirse, incluso entre sectores dialoguistas que acompañaron al Gobierno en otras votaciones.
Con las extraordinarias cerca de su cierre y la posibilidad de retomar el debate recién en febrero o marzo, el Ejecutivo enfrenta el dilema de forzar una definición antes de fin de año o asumir el costo de una postergación. Por ahora, la reforma laboral sigue siendo una prioridad, pero la realidad parlamentaria aparece como un límite difícil de sortear.