La versión final del proyecto de reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso incorporó un cambio significativo de último momento: la recolección de residuos fue sumada al listado de servicios esenciales que deberán garantizar un 75% de prestación mínima en caso de huelga. La medida impacta de lleno en uno de los sectores más sensibles del Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano.
El texto definitivo, que incluye algunas concesiones a la CGT, retomó el esquema del DNU 70 y del decreto 340 —ambos frenados por la Justicia— para reglamentar el derecho de huelga en áreas clave como transporte, salud y educación. Sin embargo, el agregado de la recolección de residuos marca una novedad que limita de manera directa la efectividad de futuras protestas del gremio.
El proyecto modifica la Ley 25.877 al disponer que, en los servicios esenciales, no podrá negociarse una cobertura menor al 75%, mientras que en actividades consideradas “de importancia trascendental” el piso será del 50%. En ese listado de prestaciones esenciales ahora figuran, además de la recolección de residuos, los servicios sanitarios, el transporte de combustibles, las telecomunicaciones, la actividad aeronáutica y portuaria, aduanas, educación inicial, primaria y secundaria, y el transporte marítimo y fluvial.
Hasta hoy, la recolección de residuos no estaba incluida entre las actividades que debían garantizar esos porcentajes mínimos, pese a los recurrentes problemas sanitarios y de gestión urbana que se generan cuando Camioneros paraliza el servicio.
Además, la reforma laboral incorpora otro punto que tensiona aún más el vínculo con el gremio: la penalización directa a los bloqueos sindicales contra empresas, una modalidad que el sindicato ha utilizado históricamente y que ya fue catalogada como “injuria grave” en la Ley Bases. El nuevo artículo considera infracción muy grave “provocar, instar u organizar el bloqueo o toma de un establecimiento”, ampliando la responsabilidad hacia las cúpulas sindicales y no sólo a quienes ejecuten la medida.
El Gobierno considera que estos cambios buscan garantizar servicios indispensables para la población y limitar prácticas que, según la Casa Rosada, afectan la actividad económica y la libre circulación.