Los gremios docentes universitarios confirmaron un paro de 72 horas a partir del miércoles en todas las universidades nacionales. La medida surge por la falta de aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Gobierno el pasado 21 de octubre, pero sin asignación presupuestaria para su cumplimiento.
“La ley debe aplicarse sin más demora; es anticonstitucional no hacerlo”, advirtió Ileana Celoto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD–UBA). Según la norma, los docentes deberían haber percibido un aumento del 44%, cifra que los gremios consideran ya una “deuda” y no un reclamo pendiente.
Por su parte, Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), señaló que “el Gobierno impulsa un plan que atenta contra la universidad pública, los hospitales y los derechos laborales”, y ratificó que las protestas continuarán mientras no haya respuesta oficial.
La Ley de Financiamiento Universitario establece un esquema de actualización automática de salarios y presupuestos para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio, muchas de las cuales denuncian estar al borde del colapso financiero.