El Gobierno Nacional decidió frenar el aumento a las prestaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mientras define una estrategia judicial para evitar implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que incrementa los fondos para el sector. Tras no lograr sostener el veto presidencial en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo espera que el Senado lo convalide, pero ya prepara acciones legales para bloquear la norma, argumentando su impacto fiscal y la supuesta ilegalidad de las sesiones legislativas.
Estrategia judicial
Los equipos técnicos de la Casa Rosada, liderados por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y la Procuración del Tesoro, exploran dos vías legales:
- Corte Suprema: Solicitar la nulidad de la sesión del Senado que aprobó la ley, invocando el artículo 32 del reglamento de la Cámara Alta, que consideran violado por la “autoconvocatoria ilegal” de la oposición. El Gobierno sostiene que las iniciativas votadas carecen de validez.
- Fuero Contencioso Administrativo: Alegar que la ley tiene un impacto fiscal insostenible, ya que las fuentes de financiamiento propuestas cubren solo el 15% de los fondos necesarios, según el veto presidencial. Apelan a la Ley de Administración Financiera para justificar la no promulgación.
Contexto político y el anuncio de Adorni
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el 20 de agosto que el Gobierno “estaba considerando” un aumento en las prestaciones, financiado mediante ahorros de una auditoría a pensiones por invalidez “mal otorgadas.” Sin embargo, fuentes de Balcarce 50 admiten que el anuncio fue un gesto hacia diputados aliados para justificar su apoyo al veto, pero “no sirvió y por ahora no se va a hacer.” El Ministerio de Salud revisó solo 280.000 de las 1.000.000 de pensiones desde inicios de 2025, lo que limita la viabilidad del plan.
Crisis en la ANDIS
El freno al aumento coincide con el escándalo de los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien denunció un presunto pedido de coimas vinculado al entorno de Javier Milei. Esto llevó a la intervención de la agencia y una auditoría interna, desviando la atención del Ejecutivo. La mesa política de Casa Rosada prioriza contener el daño interno y externo, postergando cualquier decisión sobre incrementos en las prestaciones.
Impacto de la ley
La Ley de Emergencia en Discapacidad, ratificada por Diputados con 172 votos a favor y aprobada por el Senado con 55 votos, declara la emergencia hasta 2027 y busca:
- Actualizar aranceles de prestaciones básicas automáticamente.
- Regularizar pagos a prestadores según la Ley 24.901.
- Garantizar pensiones no contributivas y acceso a educación, salud, y trabajo.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima un costo de 0,25% a 0,45% del PBI (unos 3 billones de pesos), lo que el Gobierno considera inviable en su política de “déficit cero.” Un fallo del Juzgado Federal de Campana, que declaró inválido el veto en un caso puntual, refuerza la presión para su cumplimiento.