En Berón de Astrada, crecen las denuncias contra la intendenta Graciela González, estrecha aliada del gobernador Gustavo Valdés, por amenazar a vecinos y empleados municipales que intentan documentar el mal estado de obras públicas o la inexistencia de trabajos anunciados oficialmente.
Vecinos de la localidad aseguran que la jefa comunal prohíbe filmar escuelas y otras obras destruidas y que, en casos recientes, llegó a intimidar a trabajadores y ciudadanos que difundieron imágenes en redes sociales. “No es correcto lo que están haciendo, no arruinen al gobernador”, se escucha decir en un video que circula en la comunidad, en el que la intendenta también acusa a los vecinos de querer perjudicarla políticamente.
Las quejas no se limitan a las amenazas. González es señalada por mantener más de 60 empleados “ñoquis” en el municipio y por obligar a trabajadores a asistir a actos y reuniones partidarias en su comité, bajo presión y sin considerar su voluntad política.
En su discurso, la intendenta afirma hacer “política limpia”, pero en la práctica —según los denunciantes— aplica métodos de persecución, hostigamiento y censura. “Hablan de transparencia, pero no dejan que mostremos la realidad”, manifestó un vecino que pidió reserva por miedo a represalias.
Este episodio se suma a la larga lista de casos que exponen cómo, en Corrientes, el poder local y provincial se entrelazan para callar voces críticas, encubrir obras inconclusas y mantener un control político basado en el miedo y la dependencia económica.